La consejera de Hacienda del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, también gerente que lo fue de EMVICESA pocos días después de la publicación de las 317 VPO de Loma Colmenar tras el cese de Antonio López, ha declarado como testigo en el juicio oral sobre la presunta existencia de una organización criminal dedicada a adjudicar irregularmente las casas protegidas a cambio de dinero o tráfico de influencias. Delante del tribunal de la Audiencia ha defendido cómo se repartieron finalmente las viviendas.
Su testifical se esperaba con expectación y ha explicado cómo fue la distribución de las 170 VPO tras la publicación en un medio de comunicación de la denominada lista fantasma.
Ha reconocido que en 2015 muchos fueron los ciudadanos que mostraron en la empresa municipal de la Vivienda los compromisos de López fuera de la normativa y que tuvieron que ser analizados. Fue entonces cuando intervino la Comisión Local de la Vivienda para su revocación y comenzar de nuevo con el reparto de las 317 VPO
Su excompañera en el PP, Susana Román, la denunció recientemente por su labor en la instrucción. El abogado de Román, Javier Izquierdo, ha podido ahora sí preguntarle y ha reconocido «una inconcreción sin voluntad de interferir en el sumario». Dijo desconocer la validez de los 68 compromisos porque estaban avalados con informes.
Chandiramani acabó sustituyendo a Román en la consejería de Hacienda tras ser detenida Román. De adjudicaciones previas no ha querido hablar la actual consejera.
