Rabea Mohamed solo ha respondido a su abogado, Javier Izquierdo. «Si he remitido a EMVICESA listados del programa de alojamiento, de ayudas al alquiler, de urgencia del pago de pensiones a familias, y de familias que estaban en situación de insalubridad o en chabolas, y aparte de Servicios Sociales, también en materia de Igualdad del Centro Asesor de la Mujer y víctimas de violencia de género con la orden de protección en vigor».
Mohamed ha manifestado que «los tres trabajadores de la Consejería de Servicios Sociales han quedado retratados, ya que había una solicitud mía de listados, pero no han dado explicaciones y han dicho que ni tenían conocimiento de la política en materia de Asuntos Sociales del Gobierno». Rabea Mohamed ha querido que conste «que sí lo sabían» porque conocían los objetivos marcados al inicio de la legislatura. «Si ellos no conocían para que los necesitaba, cuando los reunía, no me hubieran podido facilitar la información», ha añadido. «Si yo necesitaba información para el Pleno o una propuesta o interpelación, yo no voy a exhibir nombres, yo pido datos, número de usuarios de prestación de ayudas al alquiler, número de familias y beneficiarios, etc…».
Aparte de en las 170 VPO «estuve en la 317 que aquí se han denominado buenas y en ese procedimiento formal no estaban reflejados los correos en EMVICESA».
La expolítica ha asegurado que «las listas se remitieron a EMVICESA, a quien se le encomendó la selección de los adjudicatarios».
«No le llamaría preferencia sino una prioridad a las personas que estaban en el programa de alojamiento alternativo, que iba ya por 500 familias, y el programa aunque tenía presupuesto, cuantas más familias fueran adjudicatarias más posibilidades tendrían otras de beneficiarse del mismo programa».
No he presionado a nadie para que ningún pariente apareciera en una lista de vivienda pública. En las 170 hay dos familiares, mi cuñada y mi hermano, y mis tíos. Eran demandantes de viviendas y cumplían los requisitos y tenían una orden de desahucio los primeros. La mujer de mi tío tenía un compromiso y era demandante. Eso pasó mucho antes de que fuera consejera de Asuntos Sociales y miembro de la Comisión Local de la Vivienda.
No me ratifico en las declaraciones que hice en el juzgado y no estaba el secretario judicial. No entiendo por qué en algunos documentos no estaba su firma.
El fiscal ha leído fragmentos relevantes de su declaración en Instrucción. La defensa se ha opuesto que se dé lectura a la declaración sumarial porque «la jurisprudencia del TS permite esa lectura si la declaración se ha producido con todas las garantías, y no fue así».
Estaban las actuaciones en secreto, fue una declaración parcial y no efectiva, porque la redacción del acta no ofrece garantías. «Mi defendida declaró como otros acusados pero la firma se produjo posteriormente y ya no da fe. Las declaraciones aparecen además duplicadas, idénticas, gemelas, que han sido foliadas y aparece primero la que no está firmada por ellos». Entiendo que la declaración no reunió las garantías para darle introducción como lectura en el juicio oral.
La Sala permite la lectura al fiscal sin perjuicio de la decisión probatoria. Son frases al referirse a las actuaciones singulares «no sabe responder el motivo que no haya actuación o declaración singular ni sabía por qué no se hizo, que se actuó de buena fe. Que llevó una lista a EMVICESA. Manifiesta que hay un acta que no está aprobada y que votaron a mano alzada algo, que no fue la lista de compromisos, que no sabe si existe y no sabe si nunca la ha votado. ¿Sabe que estaba haciendo allí le ha preguntado el fiscal? No sabe si la lista definitiva se ha publicado, si hay una provisional. No sabía nada, le ha insistido el fiscal. Era consciente que no se había hecho ningún trámite, es normal su manera de actuar.
