Segunda jornada del juicio por el caso EMVICESA. Poner en antecedentes que todos los investigados son juzgados por «organización criminal» por querer enriquecerse con la adjudicación de las VPO y algunos utilizando su posición en la política.
En el caso de Mohamed Ali y Rabea Mohamed están investigados por este delito hasta a cinco años de prisión y en el caso de Susana Román, hasta once, porque se le añade falsedad documental.
Hoy ha sido de nuevo el abogado de Román y Rabea Mohamed, Javier Izquierdo, el que ha tomado la palabra para su defensa y en cuestiones previas intenta eliminar esa imputación de organización criminal, lo mismo que a Mohamed Ali que está defendido por Isabel Valriberas y que se ha adherido a todo lo dicho por su colega.
Izquierdo como portavoz ha manifestado que se han violado los derechos fundamentales con estos expolíticos en la instrucción de la causa. Ha pedido que no se les acuse de organización criminal a ninguno de los tres.
El secreto de la instrucción ha impedido -ha dicho- que estos conocieran los delitos que se le imputaban y que no pudieron defenderse del cargo de organización criminal.
Rabea Mohamed y Susana Román, según su abogado, han visto vulnerados sus derechos fundamentales en la imputación por malversación y que se ha producido una indefensión. La acusación particular, encarnada en De Prado, se ha esforzado por mantener en qué esto ha de probarse en el juicio.
Por otro lado, Fiscalía ha ofrecido colaboración a los clientes por aportar información que venga a demostrar que la trama es una realidad, a cambio de una rebaja en las penas que son de tres años en general y que les evitaría ir a prisión.
