Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno, y desde la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, se ha propuesto al consejo un plan de inspección, que se ha llevado a cabo en los últimos meses en las actividades calificadas. Esto es en colaboración con la presidencia, se propone la aprobación de un plazo extraordinario de dos meses para aquellas situaciones relacionadas con este tipo de actividad.
La propuesta busca ofrecer una oportunidad de regularización a aquellos negocios que, «tras una inspección previa de los servicios de la ciudad, puedan subsanar las irregularidades detectadas», afirmó Ramírez. La intención es facilitar el proceso de regularización de las licencias de estas actividades, permitiéndoles operar legalmente en la ciudad.
Ramírez aclaró que esta medida se aplicará a casos específicos y no a aquellos establecimientos que, tras inspecciones, no cumplan con las normativas establecidas. En estos casos, las sanciones y decretos de cierre continuarán en vigor.
La propuesta abarca entre 20 y 30 inspecciones, con un enfoque especial en bares y establecimientos que carecen de licencia de apertura, pero que cumplen con las medidas de seguridad requeridas. «Para regularizarse y no generar un daño o un cierre, darle ese periodo de dos meses para que finalicen los trámites», explicó el portavoz del Gobierno.
Se destacó la importancia de que los establecimientos cuenten con los trámites obligatorios en regla, incluyendo la aprobación de salud. Las actividades calificadas, como almacenes en zonas no habilitadas para almacenaje, supermercados y locales con un alto volumen de personas, se consideran de riesgo mayor y requieren garantías de seguridad para su funcionamiento.
En resumen, la propuesta busca equilibrar la regularización de negocios con la necesidad de garantizar la seguridad pública, ofreciendo un periodo de dos meses para la finalización de trámites y asegurando que aquellos que no cumplan continúen enfrentando sanciones y cierres.
