Susana Román ha declarado como acusada en el juicio de EMVICESA, en la tarde del miércoles, porque fue consejera de Vivienda, pero también fue la que denunció todo: «Resulta anecdótico si un día fuera de aquí, cuando pase el tiempo, lo contamos, ¿la consejera qué? La consejera no ordenó el procedimiento, sino que paró la adjudicación, denunció y creó una comisión para inspeccionar las viviendas de VPO, y soy la hoy se sienta aquí para dar cuenta de un posible fraude de viviendas, independientemente del resultado que tenga este proceso, es anecdótico como mínimo».
Ha dicho que las 317, la edificación, se les entrego a los adjudicatarios en enero de 2015, cuando vino la ministra de Vivienda a Ceuta.
Mi cliente, dice el letrado Javier Izquierdo, «quiere proponer que conste la nota de prensa del Ministerio de Fomento donde se anuncia la entrega de las casas de protección oficial, las 317».
A la entrega de las viviendas Román dio la orden que se paralizara el proceso, y figura en el acta del Consejo de Administración del 27 de enero de 2015, ha dicho la propia gerente de EMVICESA.
Sobre las medidas que se adoptaron, «yo vi la lista -ha dicho Román- y llamé al presidente desde casa y llamé a Néstor García, el consejero de Fomento. Cerramos las oficinas y lo decidimos hacer por la seguridad de ellos, por si se liaba algún tipo de algarada». «Jamás hice nada contrario a derecho», ha dicho de manera contundente. Afirma que Mónica Argent puso aprobar, y a mano Francisco Márquez escribió «dar cuenta».
La expolítica ha dicho que los compromisos no eran tales, ni baladí, era una obligación, o por derribo o por otras razones. «Se les daba un instar a la Comisión que era por la renuncia de las 170 viviendas, hay compromisos de otros años». La dinámica de las viviendas propiciaron los compromisos, pero documentados, ha señalado Román. «Los 170 adjudicatarios tenían su expediente y estaban en diferentes áreas (Servicios Sociales o Tributarios, etc…) y «si se buscan se encuentran y tienen encaje (los compromisos como si fuera una lista de reserva para aquellas personas que se han quedado fuera porque no había más viviendas o por renuncias) en la ordenanza de 2006, artículo 5.3», ha matizado el letrado de Susana Román. Ha criticado la ponencia técnica de Chandiramani, que nunca se ha hecho antes.
Susana Román se ha emocionado cuando ha contado su detención y le ha costado hacerlo. La ha contado con detalle. «Me informan que Rabea Mohamed y Mohamed Ali habían sido detenidos, yo iba con Jacob Hachuel, mi compañero, y le dije que la próxima era yo, porque estaban deteniendo a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda, y yo iba a Madrid». «Y me volví en el momento, no fui a la reunión con Soraya Sáenz de Santamaría». «Declaré y la pregunta fue por una reunión en la que no estuve y ahí ya vi errado el tiro, estoy esperando que me expliquen la detención». «No sé el motivo de la detención y no solo estaba la prensa sino que no he visto un despliegue policial tan gran en ningún sitio y he viajado a muchos lugares».
«La señora Cariñanos me dejó impertérrita en su declaración, pero yo no falto al respeto y dijo aquí que la había apartado a sabiendas. Las casas se entregaron en diciembre y a ella le abrimos expediente en febrero, uno de otros tantos. El informe pedía la Intervención de la Ciudad, y el Plan de Huerta Téllez estaba financiado por Madrid, fue fuerte y duro y nunca se le evitó a la jurídico hacer su trabajo, y este obra en el procedimiento». «Con ella no me llevo ni bien ni mal, el día que declaró se ha levantado de levante, le dije a mi abogado».
«¿Alguien le advirtió que algo estaba haciendo mal?, le ha preguntado a Román su letrado. Ella ha dicho que «jamás». «Nadie ha hecho ni una puñetera reclamación administrativa, ni un reparo». Los contratos los hizo ella. No era cierto que no hubiera registrados, ni baremación, y por eso tuve que poner una denuncia contra mi excompañera, Kissy Chandiramani».
Ministerio Fiscal
El fiscal ha visto una serie de contradicciones en la declaración de Susana Román. El letrado ha manifestado que no debe valorarse lo que declaró Román con su anterior letrado, Jorge Martín Amaya, pero el magistrado Tesón ha dado paso a hablar de aquella declaración.
Le ha preguntado a Román ¿por qué ha cambiado su opinión sobre la normativa? Aquel día las actuaciones estaban secretas y no tenía ni la más mínima idea de convenio marco ni comisión técnica. El 20 de septiembre de 2017 el señor Martín me «asiste a ciegas» y me dijo que no declarara, pero entendí que debía hacerlo porque mi cargo era público. «El cambio de criterio es cuando encontramos y vimos toda la normativa aplicable. Antes pensaba como presidenta de la Comisión Local de la Vivienda que iba a misa lo que me decían jurídica y técnicamente (las 170)». El procedimiento estuvo bien ejecutado grosso modo, «viéndolo desde fuera», ha remarcado Susana Román.
Román ha insistido en que «la jueza de Instrucción no preguntaba, sino atosigaba». «Me hicieron que declarara a las once de la noche, y la jueza me comía, para que dijera lo que ella quería». «Y no me puedo ratificar en que dijera que a lo mejor el procedimiento no sería el mejor del mundo», y después de «ocho años de estudio ya me ha dado la cosa para mucho», refiriéndose al Acuerdo Marco.
«No digo que no había lista, sino que no la aprobó la Comisión Local de la Vivienda, competente en materia de baremación, no de aprobación. Hay una lista que fue firmada por Kissy Chandiramani». Román ha dicho que las listas las hacía EMVICESA y que EMVICESA era el área comercial, jurídica, y se adjudicaban en base de los criterios que marcaba la Comisión Local de la Vivienda. «Es la primera vez que se da en Ceuta que las viviendas sean totalmente pagadas por la Ciudad».
