El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha sido preguntado por las demandas de los taxistas y ha comentado que «la primera de ellas es la aprobación de una nueva ordenanza ya que la actual data de 2007».
El Gobierno, por tanto, está «cumpliendo con los pasos acordados». Ramírez ha recordado que al principio de la legislatura se mantuvieron reuniones con las dos asociaciones y también con los asalariados para renovar la ordenanza y se actualizara todo el texto con la posterior consulta pública. En 10 días aproximadamente se podrán hacer consultas al texto «ya definido» con medidas viables «desde los puntos de vista jurídico y político».
El portavoz cree que todos los planteamientos que el gremio ha puesto sobre la mesa «son factibles» como el tipo de examen para obtener la licencia, otras relativas sobre el certificado de penales y cuestiones que «a priori pueden ser atendidas prácticamente en su totalidad». Otras ha dicho, depende de un reglamento nacional, en la que se basa «nuestra ordenanza» y son de cumplimiento obligatorio por lo que no se podrán tocar. Ramírez celebra el acuerdo con el colectivo del taxi y ha señalado que con la otra asociación se reunirán este miércoles y con los asalariados, el viernes. «La ordenanza tiene que ser un acuerdo común», ha puntualizado.
Respecto a la subida de 10 céntimos la tarifa y otras peticiones del día a día como la colocación de marquesinas concretas «no son de gran envergadura», pero se pueden acometer. Sin embargo, ha matizado que sobre el incremento de la tarifa requiere un estudio «en mayor profundidad y se va a estudiar junto con el área de Hacienda su viabilidad». Sería la subida por el IPC, que le correspondería según la ordenanza fiscal.