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sábado, abril 13, 2024
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Esta fue la trama de Antonio López, según el informe de Fiscalía: «Tenía un dinero ilícito y un suntuoso nivel de vida, pagaba en ‘b’ obtenido de las VPO

La acusación particular pide que la Administración tiene que resarcir a aquellos que tenían derecho a una vivienda en tiempo y forma.

Informe del Ministerio Público

Antonio López, con su puesto en su EMVICESA, como gerente, cargo que ostentó desde julio de 2009 hasta el 29 de junio de 2015, busco y consiguió enriquecerse ilegalmente mediante un proceso de transmisión de viviendas de protección oficial. ¿Cómo gestó este sistema? Ha quedado suficientemente probado que López gozaba de diversos captadores, entre los que se encontraban Ali Hamed Mohamed (policía portuario), y tras más, uno ya fallecido, el conocido como ‘Frugui’. Estos constataban con otras personas, la mayoría de ellas vulnerables, que tenían una desorbitada necesidad de vivienda y por ello estaban dispuestas a cometer una ilegalidad.

Los testimonios de los captadores lo contaron porque tenían contactos en EMVICESA, el gerente Antonio López. Los clientes abonaban un dinero a los captadores y estos a López, para que aparecieron como adjudicatarios en las listas de VPO.

Hay diversas pruebas que apoyan la existencia de esta red apartando la tesis de la estafa. Algunos clientes han declarado el modo en que operaban López y sus captadores, a los que pagaban entre cinco y veinte mil euros, haciendo un esfuerzo, sin factura ni recibo. Los captadores hacían llegar el dinero a Antonio López y este los colocaba con ayuda en las listas de adjudicatarios de viviendas.

La totalidad de las personas anteriormente mencionadas, clientes, aparecían en la lista publicada en El Pueblo en junio de 2015 como adjudicatarios. Esta lista fue elaborada fraudulentamente y se quedaron sin vivienda, y -por ello- reclamaron sus cantidades a los captadores, pero el dinero lo tenía López.

Antonio tuvo que reunirse con varios clientes para devolverles el dinero e informes de la Policía donde se ve como el portuario recogía a Antonio y se veían con diversas personas en varios puntos de la ciudad para la entrega.

Se valoran las testificales de la Policía de conversaciones con Antonio y el portuario. Se conocían perfectamente. Todo estaba pactado.

El contenido de estas conversaciones de las personas que habían perdido dinero al no ser adjudicatarios de las 170 VPO de Loma Colmenar.

También hay diversos whatsapp entre López y compradores, además del careo entre Antonio y el portuario. Hamed desveló todo y Antonio López no puedo decir nada para defenderse.

Entendemos que se dan todos los requisitos del delito de cohecho, incluso para los intermediarios, los tres. Actuaban en nombre de López para cobrar, el llamado «hombre de atrás».

En la cuspe de la pirámide estaba López para ofrecerles aparecer en la denominada lista fantasma y, por tanto, se trata de un artículo de cohecho. Hay acusados que no reconocieron los hechos, pero uno de ellos acabó reconociendo que López y el portuario se repartían el dinero, y por eso es otro de los compradores y se le impone una pena. Otros se descubren a través de conversaciones por mensajes.

Aparecer en la lista fantasma y no en la lista buena de las 317 hacía sospechar que estas personas habían pagado por estar en la lista de las 170 y no podían acceder a compromisos porque no cumplían los requisitos.

Las diez personas acusadas inicialmente de delito de cohecho a los que se le retiraron la acusación no ha podido quedar demostrase que abonasen una cantidad de dinero, igual que Jesús María González Barceló, del mismo modo, no se ha podido que interviniese con Antonio López para terceras personas.

Pero todo esto no hubiera sido posible sin el respaldo de la Comisión Local de la Vivienda y trabajadores de EMVICESA. Ahí es donde están implicados Susana Román, Mohamed Ali y Rabea Mohamed, conocedores de cómo se actuaba.

La normativa aplicable era la Ordenanza de 2006, que debemos considerarla como una verdad absoluta y era la norma vigente. Lo han dicho testimonios como la señora Cariñanos, Dolores Pastilla como secretaria general del Ayuntamiento, así como las declaraciones de Mónica Argent, otra jurídico, que no dudó en que se aplicó la Ordenanza de 2006. También los testimonios de Kissy Chandiramani que intervino en las 317 como Néstor García, que aplicaron la norma citada. También lo dijo Francisco Márquez. La única que voz discordante sobre la Ordenanza de 2006 y hay que ponerla en tela de juicio, está jubilada y se dedica a otra área, en patrimonio. Con su declaración y le damos verosimilitud dejamos de huérfanos legalmente todo un procedimiento de viviendas de protección pública y sus adjudicaciones. Álvarez podría haber incurrido incluso en una actuación delictiva si como funcionaria obligaba a poner de manifiesto ilegalidades, como que aconsejara a Mohamed Ali que la normativa no era la Ordenanza de 2016. La declaración de esta señora carece de apoyo probatorio.

Las 170 y las 317 estaban financiadas por el Estado y estaban subvencionadas por la Ciudad, según el acuerdo marco y un reglamento de la Ciudad sobre rehabilitación y alquiler de la vivienda. La propia Ciudad «complementará» las ayudas. Las viviendas eran de promoción pública y subvencionadas por la Ciudad.

La Comisión Local de la Vivienda establece que es un órgano de elección, o sea determinar a quién se adjudica una vivienda. Supervisa las solicitudes y resolverá sobre la exclusión de un adjudicatario, etc… Su función es adjudicar las listas de las viviendas. Alegar que digan las defensas que la superior es la Comisión Técnica de Evaluación, que es la competente y órgano superior para adjudicar, es inventada ya que las ; se dice lo contrario, su función es la elaborar las propuestas de criterios. «Es una invención de las defensas» decir otra cosa.

Sobre la lista fantasma, una miembro de la Comisión, Milagros García preguntó dónde estaban las listas. Luego alguien tenía que ser consciente y Rabea Mohamed indicó que había varias listas. La secretaria de la Comisión, Mónica Argent, ya dijo que no estaba el listado y tuvo que ser la presidenta de la Comisión la que debió mirar por la legalidad.

También se ha hablado del delito de blanqueo de Antonio López, por parte del fiscal. López realizó distintas conductas. Adquirió fincas por precios infravalorados. El dúplex de Marbella lo compró de 400.000 euros cuando el inmueble vale 900.000 euros. El proceder de López era entregar una parte de dinero legal y otra parte en b, el que procedía de los clientes que pagaron para adquirir una vivienda VPO. López ha llevado un suntuoso nivel de vida.

Acusación particular

La acusación particular no está de acuerdo con la rebaja de penas para reconocer los hechos de los que sin presión se sienten responsables. Se ha mostrado en contra de los acusados que se han conformado.

Esta gestión defectuosa de la Ciudad no puede quedar así. Existe una responsabilidad civil y hemos solicitado la apertura de una pieza independiente ya que se deben resarcir a las personas que hicieron todo en tiempo y forma. La Ciudad no puede mirar para otro lado. Ha colaborado con una adjudicación irregular y ciudadanos ha visto hurtadas sus posibilidades, viviendas que se han dado a amiguetes. Desconocemos muchas cosas y también cómo se ha llevado a cabo la adjudicación. La Administración debe responder de sus actos.

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