Estos días todos miran al juicio histórico para Ceuta que supone el caso EMVICESA. Y pase lo que pase, se anule o siga adelante, es palmario que los hechos se produjeron. Así consta en las llamadas intervenidas, independientemente de su legalidad. Se anulen o no estas comunicaciones existieron en los términos que relata el Ministerio Fiscal. Otras cosa son los vericuetos que ponen límites a la legalidad y que utilizan los letrados más expertos para defender a sus clientes. En las cuestiones previas se han centrado muchas horas de la vista. Sobre los investigados puede recaer el peso de la ley o la absolución por anularse gran parte de la instrucción por razones de vulneración de derechos y otras, que expone la defensa. Desde luego, aquí a las partes implicadas no le interesa que el juicio prosiga para acabar con un fallo en uno u otro sentido.
Ni le interesa a los denunciados que quieren ver como el juicio se disuelve por una posible mala instrucción o por el uso inadecuado de la tecnología, o por la vulneración de algún derecho fundamental de los acusados. Esos son trámites procedimentales que si no son ejercidos correctamente conllevan a la absolución de los investigados. Tampoco les interesa a los denunciantes, en este caso al Gobierno de Ceuta, que fue el que llevó el asunto a los juzgados cuando El Pueblo de Ceuta publicó la denominada ‘lista fantasma’, una relación de adjudicatarios de viviendas en Loma Colmenar, de personas que habrían pagado por una o varias viviendas, para que EMVICESA se las adjudicara, aunque no fuera tanta su necesidad como la de otras familias que no llegaban a fin de mes. ¿Qué corrupción más clamorosa aprovechándose del drama, no creen?. Y era la Administración quien lo permitía, lo hacía para que algunos se llenaran los bolsillos a costa de personas pobres o vulnerables. Toda una vergüenza que puede ser juzgada de una u otra forma, pero que es una realidad como la vida misma.
Puede que pinchar un teléfono sea ilegal en ocasiones si no se cumplen los requisitos, pero lo que se dice en las conversaciones es lo que es. Y en esas comunicaciones intervenidas se hablaba de adjudicaciones de VPO, dinero, entregas, etc…
Pero en el caso EMVICESA también entran en juego los medios de comunicación, algunos medios interesados en un relato de la historia que mejor les venga para sus intereses particulares. Para el Gobierno de la Ciudad, el caso ha sido y es un problema aunque fuera el denunciante. Hasta dónde se puede estirar la cuerda si la Audiencia falla contra Antonio López y el resto de supuestos integrantes de la trama.
Medios Digitales de Ceuta, este medio, publica lo que se expone sobre el caso sin trazas malintencionadas ni de una ni de la otra parte, porque los ciudadanos merecen que se diga la verdad, todos los ceutíes y aún más, los afectados. Hay medios que han querido conducir la instrucción, el juicio y para estos, si la vista no se hubiera celebrado nunca, mejor; pero este tema ha de esclarecerse, y que paguen quienes se aprovecharon: antiguos políticos, captadores, clientes, y el que sea.
Un trámite mejor o peor realizado, o no realizado, no exime de culpa ni de un deleznable comportamiento ético a quienes han estado detrás del mayor escándalo que ha vivido Ceuta en su historia: viviendas de protección oficial otorgadas a dedo a cambio de dinero. Es repugnante como poco, con el índice de pobreza que tiene la ciudad y la necesidad de construir viviendas. A muchos le han arrebatado el derecho a vivir dignamente mientras otros gastaban en «comprar» el derecho a una vivienda que se hicieron para personas sin recursos.
La instructora del caso acabó por marcharse de Ceuta a finales de 2018 al ser la diana de muchos. Suponemos que para ella fue un alivio trasladarse a un juzgado del Puerto de Santamaría, después de críticas continuadas y de tirar por tierra su instrucción, y en medio de todo, una recusación y, además, que vieran la luz asuntos de su vida privada. Aunque no se haya dicho claramente la presión le llevaría al cambio de destino. Hoy en día, su trabajo, cómo lo llevo a cabo, sigue siendo otro de los argumentos de las defensas para pretender anular las actuaciones y favorecer a estafadores, captadores, personal de la Administración, políticos, compradores, etc…
El macrojuicio no tiene desperdicio y si las cuestiones previas dan resultado, denunciados, denunciantes y algunos medios de comunicación estarán más que satisfechos.
