La Fundación Disenso, vinculada a Vox, ha difundido un informe en el que cuestiona la condición de españoles de aproximadamente 2,5 millones de personas que cuentan con la nacionalidad española pero que nacieron fuera de España. El documento también afirma que la inmigración representa un desafío para el Estado de bienestar, al considerar que la mayoría de los recién llegados tienen recursos económicos limitados.
La organización señala que esta situación implica un gasto adicional para las finanzas públicas y advierte sobre lo que denomina un riesgo social y económico. Desde sectores críticos, dichas afirmaciones se interpretan como un intento de poner en entredicho derechos reconocidos y de marginalizar a una parte considerable de la población española.
La controversia vuelve a abrir el debate sobre la integración, la nacionalidad y el papel de la inmigración en una sociedad que, según datos oficiales, depende del trabajo extranjero para mantener su sistema de pensiones y cubrir la demanda laboral en sectores clave.