Castilla y León, primera comunidad autónoma donde Vox formó parte de un gobierno regional, vuelve a ser fundamental en la estrategia de Santiago Abascal. Las elecciones, que deberán celebrarse a más tardar el 15 de marzo, llegan en un contexto complicado para el partido: carece de un líder regional firme, atraviesa recientes problemas internos y las encuestas indican una caída respecto a los resultados obtenidos en 2022.
En los comicios de ese año, Vox alcanzó un 17,6% de los votos, lo que llevó al presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, a establecer un pacto de gobierno con ellos. Este modelo, pionero en su momento, se replicó posteriormente en otras regiones, pero se rompió en el verano de 2024 cuando Vox decidió abandonar los gobiernos autonómicos debido a desacuerdos con el PP sobre política migratoria.
A nivel nacional, esta decisión reforzó su discurso político, pero en Castilla y León el impacto fue negativo. Según la última encuesta publicada en junio, la intención de voto para Vox bajó al 13,2%, más de cuatro puntos porcentuales menos que en las elecciones anteriores.
La salida de Juan García-Gallardo, quien había emergido como una de las figuras principales del partido al ocupar la vicepresidencia de la Junta, ha dejado un vacío en el liderazgo regional. Entre los posibles sucesores se encuentran Carlos Pollán, presidente de las Cortes, y David Hierro, portavoz en el Parlamento autonómico.
Además, el partido llega más debilitado en las instituciones: dos de sus diputados fueron expulsados tras enfrentamientos con la dirección nacional y varios cargos abandonaron Vox tras la ruptura con el PP. Actualmente, cuentan con 11 procuradores, frente a los 13 con los que iniciaron la legislatura.
A pesar de la situación, desde Vox mantienen la esperanza de continuar siendo un actor relevante. Señalan que, aunque la marca regional esté debilitada, la influencia de Abascal y el desgaste del PP en la gestión autonómica podrían permitirles ser nuevamente decisivos en la formación del gobierno.