El Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, adjudicó un total de 2,2 millones de euros provenientes de fondos europeos a empresas asociadas a la supuesta red de corrupción que investiga la Guardia Civil. Según información de El Confidencial, las firmas Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), vinculadas a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, obtuvieron contratos públicos durante la presente legislatura.
Una de las adjudicaciones más destacadas se produjo el 14 de enero pasado. La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, otorgó un contrato valorado en más de dos millones de euros a una unión temporal de empresas formada por Grulop 21 y OPR para la construcción de una pasarela peatonal en la GR-30 (Granada). Esta obra forma parte del Plan de Recuperación financiado con fondos Next Generation. Aunque la propuesta técnica de Vilor Infraestructuras fue mejor valorada, la oferta económica de la UTE fue decisiva para la adjudicación.
Lo relevante del caso radica en que, para esa fecha, el Tribunal Supremo ya contaba con documentos proporcionados por el comisionista Víctor de Aldama que vinculaban a OPR con el cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos. A pesar de ello, el ministro Puente restó importancia a esta información, calificándola como «un papeluco». Posteriormente, la Unidad Central Operativa (UCO) corroboró gran parte de esas denuncias en su investigación.
Otra adjudicación cuestionada fue la ampliación, por casi 290.000 euros, de un contrato previamente concedido a Levantina Ingeniería y Construcción —junto a Diez y Compañía— para la mitigación del ruido en la autovía A-42, a su paso por Getafe. Esta modificación, autorizada el 19 de diciembre de 2024, elevó el presupuesto total a casi dos millones de euros, también financiados con fondos europeos.
Las conexiones entre estas empresas y los principales investigados son numerosas. OPR, dirigida por los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, mantenía vínculos directos con Koldo García desde al menos 2018. Interceptaciones telefónicas revelan que Daniel Fernández solicitó la intermediación de Koldo para obtener contratos y facilitó la contratación de la esposa de este último en una compañía, sin que ella necesitara desempeñar sus funciones laborales.
Una tercera obra, valorada en 7,3 millones de euros y adjudicada en Asturias, generó gran satisfacción entre los implicados. En un chat interno, la entonces subdirectora general de Construcción, Camino Arce, escribió: «Parece que hemos hecho bingo en Asturias». Actualmente, Arce trabaja en la empresa pública SEITT.
En cuanto a Levantina Ingeniería y Construcción, esta aparece reiteradamente en los informes de la UCO y en la documentación entregada por Aldama al Supremo. Su propietario, José Ruz, mantenía contacto directo con Ábalos y Koldo, a quien supuestamente pagaba 1.100 euros mensuales. De acuerdo con la investigación, la empresa logró contratos por valor de 128 millones de euros durante la gestión de Ábalos, incluyendo uno vinculado con el Club de Natación de Sevilla, por el cual Aldama habría cobrado comisión. LIC también figura entre los adjudicatarios del Gobierno canario dirigido por Ángel Víctor Torres.
La pesquisa continúa abierta y podría ampliar su alcance dentro de la administración central, mientras el foco de la UCO se traslada ahora a la etapa de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes.
