El Ministerio de Transportes, a cargo de Óscar Puente, otorgó contratos públicos por un valor conjunto de 2,2 millones de euros financiados con fondos europeos a empresas vinculadas con la supuesta red de corrupción que investiga la Guardia Civil. Según informó El Confidencial, las firmas Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), relacionadas con Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, recibieron adjudicaciones durante el actual período legislativo.
El 14 de enero se registró una de las asignaciones más significativas: la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio, concedió a una unión temporal entre Grulop 21 y OPR un contrato superior a dos millones de euros para construir una pasarela peatonal en la GR-30 (Granada), dentro del Plan de Recuperación impulsado con fondos Next Generation. Aunque la oferta técnica de Vilor Infraestructuras era mejor, la propuesta económica presentada por la UTE fue decisiva en la elección.
Lo cuestionable del proceso radica en que para entonces el Tribunal Supremo ya disponía de documentos entregados por el comisionista Víctor de Aldama, vinculando a OPR con la recepción de comisiones ilegales a cambio de contratos. No obstante, el ministro Puente restó importancia a estos datos, describiéndolos como «un papelucho». Más adelante, la Unidad Central Operativa (UCO) corroboró gran parte de esas denuncias en su investigación.
Otra modificación controvertida fue la ampliación de cerca de 290.000 euros de un contrato previo dado a Levantina Ingeniería y Construcción, en conjunto con Diez y Compañía, para instalar medidas de mitigación acústica en la autovía A-42 a su paso por Getafe. Esta alteración, aprobada el 19 de diciembre de 2024, elevó el presupuesto total cercano a los dos millones de euros, igualmente con fondos comunitarios.
Las conexiones entre estas firmas y los principales señalados son numerosas. OPR, dirigida por los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, mantiene vínculos directos con Koldo García desde al menos 2018. Intercepciones telefónicas revelan que Daniel Fernández solicitó la intermediación de Koldo para obtener contratos y facilitó que la esposa de éste trabajara en una empresa sin necesidad de concurrir regularmente al centro laboral.
Un tercer proyecto bajo escrutinio, con un importe de 7,3 millones y adjudicado en Asturias, causó satisfacción entre los involucrados. En un chat interno, la entonces subdirectora general de Construcción, Camino Arce, manifestó: «Parece que hemos hecho bingo en Asturias». Actualmente, Arce desempeña su trabajo en la empresa pública SEITT.
En cuanto a Levantina Ingeniería y Construcción, su presencia es frecuente en los informes de la UCO y en la documentación que Aldama entregó al Supremo. José Ruz, su propietario, mantenía contactos directos con Ábalos y Koldo, a quien supuestamente abonaba 1.100 euros mensuales. Las pesquisas indican que la empresa obtuvo contratos por 128 millones de euros durante la gestión de Ábalos, incluyendo uno vinculado al Club de Natación de Sevilla, del que Aldama habría recibido comisión. LIC también figura entre las adjudicatarias del gobierno canario bajo Ángel Víctor Torres.
La instrucción sigue abierta y podría ampliar su ámbito dentro de la administración central, mientras la atención de la UCO se ha desplazado a la etapa del ministerio de Óscar Puente en Transportes.
