El Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Óscar Puente, adjudicó 2,2 millones de euros provenientes de fondos europeos a empresas vinculadas con la presunta red de corrupción que investiga la Guardia Civil. Según El Confidencial, las empresas Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), relacionadas con Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, obtuvieron contratos públicos durante esta legislatura.
Una adjudicación destacada se efectuó el 14 de enero, cuando la Dirección General de Carreteras, dependiente de Transportes, concedió a una unión temporal compuesta por Grulop 21 y OPR un contrato superior a dos millones de euros para la construcción de una pasarela peatonal en la GR-30 (Granada). Esta obra forma parte del Plan de Recuperación financiado con fondos Next Generation. Aunque la oferta técnica presentada por la empresa competidora, Vilor Infraestructuras, fue mejor, la propuesta económica inferior de la UTE fue decisiva para otorgar el contrato.
Lo relevante del caso radica en que, en ese momento, el Tribunal Supremo ya había recibido documentación proporcionada por el comisionista Víctor de Aldama, que vinculaba a OPR con el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. A pesar de ello, el ministro Puente restó importancia a dicha información, calificándola como “un papeluco”. Más tarde, la Unidad Central Operativa (UCO) verificó gran parte de esas denuncias en su investigación.
Otra modificación cuestionada fue un aumento cercano a 290.000 euros en un contrato previamente otorgado a Levantina Ingeniería y Construcción —en colaboración con Diez y Compañía— para reducir el ruido en la autovía A-42 a su paso por Getafe. La ampliación, aprobada el 19 de diciembre de 2024, elevó el presupuesto total hasta casi dos millones de euros, también con fondos europeos.
Las conexiones entre estas firmas y los principales investigados son variadas. OPR, dirigida por los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, mantenía relaciones directas con Koldo García desde al menos 2018. Comunicaciones interceptadas revelan que Daniel Fernández solicitó la mediación de Koldo para obtener contratos y facilitó la contratación de la esposa de este último en una empresa, sin requerir que cumpliera funciones laborales.
Una tercera obra bajo sospecha, valorada en 7,3 millones de euros y adjudicada en Asturias, generó satisfacción entre los implicados. En un chat interno, la entonces subdirectora general de Construcción, Camino Arce, expresó: “Parece que hemos hecho bingo en Asturias”. Actualmente, Arce trabaja en la empresa pública SEITT.
Por su parte, Levantina Ingeniería y Construcción aparece recurrentemente en los informes de la UCO y en la documentación presentada por Aldama al Supremo. Su propietario, José Ruz, mantenía contacto directo con Ábalos y Koldo, a quien supuestamente abonaba 1.100 euros cada mes. Las investigaciones indican que la empresa recibió contratos por un total de 128 millones de euros durante el mandato de Ábalos, incluyendo uno vinculado al Club de Natación de Sevilla, por el cual Aldama habría percibido una comisión. LIC también figura como adjudicataria en contratos del Gobierno canario bajo Ángel Víctor Torres.
El proceso de investigación sigue abierto y podría ampliarse a otras áreas de la administración central, mientras que la UCO desplaza su atención hacia el período de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes.
