El Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, adjudicó contratos por 2,2 millones de euros financiados con fondos europeos a compañías asociadas con la presunta red de corrupción que investiga la Guardia Civil. De acuerdo con El Confidencial, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), vinculadas a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, recibieron estos contratos durante la presente legislatura.
Una adjudicación destacada ocurrió el 14 de enero, cuando la Dirección General de Carreteras, dependiente de Transportes, concedió a una unión temporal de empresas integrada por Grulop 21 y OPR un contrato superior a dos millones de euros para la construcción de una pasarela peatonal en la GR-30 (Granada). Esta actuación forma parte del Plan de Recuperación financiado mediante fondos Next Generation. Aunque la propuesta técnica de Vilor Infraestructuras, otra empresa competidora, fue mejor valorada, fue la oferta económica de la UTE la que decidió la asignación.
El caso presenta controversia dado que, en esa fecha, el Tribunal Supremo ya contaba con documentación aportada por el comisionista Víctor de Aldama que relacionaba a OPR con el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. A pesar de ello, el ministro Puente restó importancia a dicha documentación, calificándola como “un papeluco”. Más adelante, la Unidad Central Operativa (UCO) confirmó gran parte de estas acusaciones.
Otra adjudicación cuestionada se refiere a la ampliación por casi 290.000 euros de un contrato previamente concedido a Levantina Ingeniería y Construcción, en colaboración con Diez y Compañía, destinada a la mitigación del ruido en la autovía A-42 en el tramo que atraviesa Getafe. Este ajuste, aprobado el 19 de diciembre de 2024, elevó el coste total a casi dos millones de euros, también procedentes de fondos europeos.
Las conexiones entre estas empresas y los investigados son variadas. OPR, gestionada por los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, mantenía vínculos directos con Koldo García desde al menos 2018. Grabaciones interceptadas indican que Daniel Fernández solicitó la mediación de Koldo para conseguir contratos y facilitó la incorporación de su esposa en una empresa, sin que ella tuviera que cumplir con labores habituales.
Una tercera obra bajo investigación, con un presupuesto de 7,3 millones de euros y adjudicada en Asturias, generó satisfacción entre los implicados. En un chat privado, la entonces subdirectora general de Construcción, Camino Arce, comentó: “Parece que hemos hecho bingo en Asturias”. Actualmente, Arce trabaja en la empresa pública SEITT.
En cuanto a Levantina Ingeniería y Construcción, esta empresa aparece de forma constante en los informes de la UCO y en la documentación proporcionada por Aldama al Tribunal Supremo. Su propietario, José Ruz, mantenía comunicaciones directas con Ábalos y Koldo, a quien supuestamente pagaba 1.100 euros al mes. Según las investigaciones, LIC recibió contratos por un total de 128 millones de euros durante el mandato de Ábalos, incluyendo uno relacionado con el Club de Natación de Sevilla, por el cual Aldama habría cobrado comisión. LIC también figura entre las adjudicatarias del Gobierno canario presidido por Ángel Víctor Torres.
La pesquisa sigue abierta y podría ampliarse a otros ámbitos de la administración central, mientras que la UCO enfoca actualmente su atención en el periodo en que Óscar Puente estuvo al mando de Transportes.
