Desde el 14 de noviembre, los empleadores deben evaluar los riesgos laborales en el domicilio mediante la herramienta oficial; no cumplir con este requisito puede resultar en multas significativas si no se corrige rápidamente.
A partir de este viernes, quienes tengan trabajadoras del hogar están obligados a completar una evaluación formal de riesgos laborales en el lugar donde se desempeña el servicio. El plazo para finalizar este procedimiento concluía en esta fecha, y no hacerlo ya constituye una infracción que puede acarrear sanciones económicas.
Para facilitar este proceso, el Ministerio de Trabajo ha creado un recurso gratuito en línea que permite llenar un formulario con datos sobre las condiciones del hogar, las funciones de la trabajadora y los peligros más comunes. Al concluirlo, la plataforma emite un documento oficial que el empleador debe guardar y entregar una copia a la trabajadora.
Si bien esta obligación es legal, la Inspección de Trabajo ha informado que no aplicará sanciones inmediatas en todos los casos incumplidos, especialmente en los primeros días, con el fin de ofrecer un margen debido a la alta demanda y ciertos inconvenientes técnicos con el acceso a la herramienta.
Las multas establecidas pueden ser elevadas: oscilan desde 2.450 euros en infracciones leves hasta decenas de miles de euros según la gravedad y la presencia de agravantes. Por ello, este trámite va más allá de un mero formalismo y representa una medida con consecuencias reales para quien no lo cumpla.
Para muchos empleadores particulares, esta regulación implica un nuevo desafío: deben comprender y llevar a cabo una evaluación de riesgos similar a la exigida en las empresas, pero ajustada al ámbito doméstico. Además, tienen que informar a la trabajadora sobre los resultados y aplicar las medidas preventivas correspondientes.
Este cambio legal fortalece los derechos de las empleadas del hogar, quienes ahora disponen de un mecanismo para exigir condiciones laborales más seguras. Sin embargo, también genera presión sobre los empleadores, que deben adaptarse a esta normativa antes de que se intensifiquen las sanciones.
