El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó este martes que presentará en el Congreso una propuesta para reformar la Constitución e incluir el derecho al aborto, con el objetivo de garantizar su protección frente a posibles iniciativas de partidos como el PP y Vox. Esta medida responde a la controversia generada por una moción de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, respaldada por el PP, que proponía informar a las mujeres sobre un supuesto “síndrome post aborto” sin fundamento científico.
Desde La Moncloa indican que esta reforma pretende asegurar un derecho avalado por el Tribunal Constitucional y evitar que se difunda información falsa o carente de respaldo científico. “El Gobierno promoverá una reforma constitucional para consagrar la libertad y autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre sus vidas, en un contexto global de ataques a los derechos sexuales y reproductivos”, explican.
La aprobación de esta reforma exigirá una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso, lo que supondría obtener también el voto favorable del PP, partido que presenta divisiones internas respecto al tema. La creciente influencia de Vox, reflejada en las encuestas, ha llevado al PP a adoptar posiciones más cercanas a la ultraderecha, como evidenció la moción en el Ayuntamiento madrileño.
El alcalde José Luis Martínez Almeida aclaró que no existe evidencia científica sobre el síndrome post aborto y garantizó que no se impondrá a las mujeres la recepción de esa información. No obstante, el Ejecutivo teme la aparición de más iniciativas similares, por lo que apuesta por blindar este derecho mediante una reforma constitucional ordinaria, sin necesidad de disolver las Cortes ni convocar referéndum.
De aprobarse, España se convertiría en el segundo país del mundo en incluir el derecho al aborto en su Carta Magna, después de Francia en 2024. Además, el Gobierno propone una reforma en la legislación sobre el aborto que asegure que toda información relativa a la interrupción voluntaria del embarazo esté basada en evidencias científicas objetivas y respaldada por estándares internacionales, como los de la OMS o la APA, excluyendo teorías sin respaldo, como el supuesta “síndrome posaborto”.
El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo varía notablemente entre las comunidades autónomas. Según un estudio del Instituto de las Mujeres, mientras que en Cataluña el 41,8% de los abortos se realizan en centros públicos, en Madrid esta cifra apenas alcanza el 0,27%. Sánchez destacó esta disparidad y la importancia de asegurar la igualdad en el derecho a decidir, aunque la competencia para facilitar abortos en centros públicos corresponde a las comunidades autónomas.