El Ejecutivo central informó al Congreso de los Diputados sobre la suspensión de las obras urgentes en El Poyo (Teruel) destinadas a reforzar los taludes, decisión adoptada a pesar de las advertencias técnicas sobre un riesgo «muy elevado» de desprendimientos, priorizando los trámites administrativos frente a la seguridad.
La gestión de las infraestructuras de seguridad en Teruel ha suscitado controversia después de que el Gobierno admitiera oficialmente la paralización de las labores de consolidación y estabilización en El Poyo. Estas obras, catalogadas como de emergencia, tenían como finalidad estabilizar los barrancos y taludes que representan un peligro directo para la población y las construcciones cercanas.
El debate surge porque, en respuesta a una pregunta en el Congreso, el Ejecutivo reconoció que la suspensión de estas obras de emergencia se efectuó a pesar de las evaluaciones geológicas que señalaban un riesgo inminente. La detención fue justificada por motivos administrativos, lo que ha provocado críticas por dar prioridad a la burocracia ante una amenaza efectiva y presente.
Informe técnico que advierte de riesgo «muy elevado» desatendido
Los reportes técnicos consultados por el medio original indicaban claramente que el riesgo de desprendimientos y deslizamientos en los barrancos de El Poyo se sitúa en un nivel «muy elevado». Esta clasificación implica que la probabilidad de un incidente grave es inminente o altamente posible, especialmente ante la presencia de lluvias u otros fenómenos meteorológicos que puedan desestabilizar el terreno.
La paralización de las obras de emergencia, sabiendo que el riesgo es «muy elevado», ha sido calificada como imprudente tanto por la oposición política como por residentes locales. Se señala que la demora administrativa pone en riesgo la seguridad ciudadana al dejar la zona vulnerable frente a un posible desastre anticipado por expertos geológicos.
Precisamente, la ejecución de estas obras se promovió ante la urgencia de enfrentar la inestabilidad del terreno. Al paralizarlas, la Administración contradice la premura inicial y expone a la comunidad de El Poyo a un peligro que debería poder mitigar.
Repercusiones políticas y demanda para reanudación inmediata
Esta situación ha generado un fuerte rechazo político. La oposición aprovecha este reconocimiento del Gobierno para criticar su gestión y señalar que pone en riesgo a los habitantes de Aragón debido a excesivos trámites burocráticos o falta de coordinación interinstitucional.
Las autoridades locales y afectados reclaman que se reanuden a la mayor brevedad posible las obras de emergencia. La preocupación principal radica en que, con la llegada del invierno y sus precipitaciones, la inestabilidad de los barrancos aumente, haciendo más probable el desprendimiento que se pretende evitar. La seguridad en Teruel dependerá ahora de la rapidez con que el Gobierno supere los obstáculos administrativos que él mismo ha admitido.
