El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha manifestado su desaprobación ante la decisión judicial que sanciona al Ayuntamiento de Vic por solicitar un nivel de catalán considerado demasiado alto en un proceso de contratación pública. El Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona anuló las bases del concurso y ordenó que se reduzca el nivel lingüístico exigido de B2 a A2 para el puesto de operario de cementerio y mantenimiento.
A través de sus redes sociales, Puigdemont criticó que sentencias como ésta «retrotraen a Cataluña al régimen monolingüe instaurado durante la dictadura de Franco». Según el líder de Junts, «el catalán es aceptado, pero no se equipara en igualdad de condiciones con el castellano» y, en casos de disputa, «los tribunales suelen fallar en nuestra contra».
En una línea similar, Jordi Turull, secretario general del partido, calificó la actuación judicial como «una cruzada contra el catalán». Turull defendió que «exigir el conocimiento de la lengua oficial del territorio para acceder a un empleo no implica exclusión, sino la protección de un derecho».
Por otra parte, el alcalde de Vic, Albert Castells, anunció que el Ayuntamiento interpondrá recursos contra la sentencia hasta agotar todas las vías legales y afirmó que «no se dejarán intimidar». Castells subrayó que «la lengua es un elemento esencial para la convivencia y la cohesión social» y que el consistorio tiene la responsabilidad de «asegurar su continuidad».
El magistrado argumentó que requerir un nivel B2 de catalán para un trabajo «predominantemente manual» constituye una «barrera excluyente» y representa «discriminación directa por motivos lingüísticos». El juez destacó que las tareas del puesto no implican «una interacción lingüística compleja», por lo que la administración debe ajustar el requisito al nivel básico A2.