El juez Juan Carlos Peinado no extendió los plazos de instrucción ni convocó a declarar a los investigados, lo que anula gran parte del proceso y deja sin juicio a los líderes de la llamada ‘criptosecta’
Madrid – La investigación judicial dirigida a IM Academy, una entidad señalada por funcionar como una secta enfocada en criptomonedas, ha quedado prácticamente paralizada debido a errores procesales cometidos por el juez instructor Juan Carlos Peinado. Este magistrado incumplió con la prórroga de los plazos legales de instrucción y tampoco citó a los principales sospechosos a declarar, lo que resultó en el archivo del caso según establece el auto emitido recientemente.
IM Academy llegó a España en 2017 y logró atraer a miles de jóvenes con cursos presuntamente formativos sobre inversiones en criptomonedas. En 2021, catorce familias denunciaron ante la asociación RedUne —especializada en sectas— que sus hijos se habían desvinculado de su entorno familiar y social debido a la organización, dedicándose a reclutar nuevos miembros para la academia.
El caso fue asignado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, bajo la supervisión del juez Peinado, quien inició las diligencias en 2021. No obstante, el periodo legal de instrucción venció en marzo de 2022 sin que se solicitara una ampliación. Todas las actuaciones posteriores a esa fecha carecen de validez jurídica. Además, los ocho principales investigados nunca fueron convocados ni informados oficialmente de su condición procesal, lo que vulnera su derecho a la defensa y compromete la legalidad del procedimiento.
En marzo de 2025, el caso parecía avanzar cuando el juez dictó un auto que señalaba indicios de delito. En él, se detallaba cómo los jóvenes captados eran sometidos a «presiones sociales» para reclutar nuevos integrantes, recibían «recomendaciones diarias» sobre productos financieros sin información adecuada sobre riesgos y seguían una formación considerada de «baja calidad». La Policía Nacional consideraba que todo indicaba un esquema piramidal encubierto.
Los cursos tenían un coste de 250 euros por la inscripción inicial, 150 euros mensuales y hasta 500 euros adicionales para la asistencia a eventos presenciales. Quienes lograban captar nuevos miembros recibían descuentos en las cuotas. Las denuncias de las familias incluían casos de aislamiento, abandono escolar, conflictos familiares y jóvenes en situaciones precarias.
A pesar de las pruebas iniciales, la Fiscalía pidió el archivo del caso basándose en los fallos procesales y la falta de pruebas suficientes conforme a la normativa vigente. El juez Peinado aceptó los argumentos del Ministerio Público, reconociendo que sus propios fallos —como no prorrogar la instrucción ni formalizar la situación de los investigados— impedían continuar con el proceso.
La acusación particular, representada por el abogado Carlos Bardavío en nombre de RedUne, presentó un recurso contra el archivo. Alegó que su incorporación al caso fue bloqueada durante ocho meses, lo que impidió solicitar a tiempo la prórroga. Asimismo, denunció que ese retraso impidió la realización de más de 20 diligencias esenciales para reforzar las acusaciones, incluidas el análisis de monederos virtuales, la investigación de fondos en el extranjero y el examen detallado de las cuentas bancarias de los líderes.
Bardavío también afirmó que no existió indefensión de los investigados, ya que sus abogados participaron activamente, presentaron escritos y realizaron gestiones ante el juzgado. Por ello, solicita que se reconozca la validez de las pruebas existentes y que el proceso continúe.
La resolución del recurso no tiene un plazo definido y se espera que se produzca después del verano. Mientras tanto, las familias afectadas viven con incertidumbre la posible conclusión de un caso que consideraban crucial para lograr justicia y destacar los riesgos de las sectas financieras.
