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Moncloa utiliza el parón del Congreso para mitigar la presión de Junts hasta 2026 mientras Puigdemont advierte sobre la energía nuclear

El Ejecutivo de Pedro Sánchez espera que la pausa en la actividad parlamentaria resulte favorable. La suspensión provocada por las elecciones autonómicas y las festividades navideñas brindará a Moncloa la oportunidad de ganar tiempo y evitar, durante los próximos meses, la creciente presión de Junts, cuyo discurso hacia el Gobierno se ha endurecido.

Fuentes gubernamentales señalan que el descanso hasta febrero servirá como un respiro. Durante este período, solo se programarán tres sesiones plenarias — dos en las semanas siguientes y una en diciembre — mientras que enero quedará prácticamente deshabilitado. La cancelación del pleno previsto antes de Navidad, debido a los comicios en Extremadura, otorga a Sánchez un margen temporal para replantear su estrategia y reducir las tensiones con sus socios catalanes.

Desde el círculo cercano al presidente admiten que «no se había previsto así; es una coincidencia. Pedro cuenta con suerte». Reconocen el desgaste con Junts, aunque confían en que sus consecuencias no serán evidentes hasta 2026. A pesar de la ruptura pública protagonizada por Míriam Nogueras — portavoz de Junts en el Congreso —, Moncloa considera que las siguientes votaciones todavía contarán con apoyo independentista, gracias a acuerdos anteriores en leyes como las de Cine y Cultura Audiovisual, Movilidad Sostenible y fomento económico.

No obstante, el Gobierno podría enfrentar un contratiempo pronto. El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha añadido una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible para suprimir la “fecha de cese definitivo” de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes. Dado que Junts favorece mantener la energía nuclear, podría respaldar esta enmienda, situando al Ejecutivo en una posición delicada.

Además, se prevé que en febrero, tras la normalización de la actividad parlamentaria, el ciclo electoral vuelva a marcar el ritmo del Congreso con la convocatoria de las elecciones en Castilla y León, previstas para marzo como fecha límite.

En Moncloa reconocen que no pueden obligar a Junts a entablar negociaciones, aunque insisten en conservar la iniciativa legislativa. Desde el Ejecutivo aseguran que “habrá medidas que resultarán difíciles de rechazar”, recordando que incluso los independentistas necesitarán el apoyo gubernamental en ciertas votaciones.

Mientras tanto, Hacienda prepara para el lunes la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se discutirá el objetivo de estabilidad para las comunidades autónomas y el comienzo de la reforma de la financiación autonómica. El martes, el Consejo de Ministros aprobará el techo de gasto y los objetivos presupuestarios, que se enviarán al Congreso pese al riesgo de que no sean aprobados.

En el hemiciclo se respira incertidumbre. Maribel Vaquero, del PNV, declaró: “Hemos pasado de estar cerca de la UCI a la agonía. Díganos hacia dónde va esto”, dirigiéndose a Sánchez, quien aprovechó para dirigir un mensaje a Sumar: “Este juego de aparentar no estar en el Gobierno, pero estar en él… ¿se imaginan que hiciéramos lo mismo con sus ministerios?”

A pesar del tono de confrontación, el Ejecutivo confía en mantenerse firme. Sánchez está convencido de poder culminar la legislatura y mantiene su discurso de estabilidad frente a lo que denomina “oposición destructiva”, mientras Feijóo le augura un proceso judicial y le advierte: “Yo no le amnistiaré”.

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