El Ejecutivo central examina las posibles acciones legales tras el reto planteado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha iniciado un nuevo conflicto con el Gobierno al poner en duda la aplicación de la normativa estatal sobre el aborto en su territorio.
Después de las diferencias surgidas en torno a la ley de memoria democrática y los desacuerdos en el ámbito universitario, la líder madrileña vuelve a posicionarse en el centro del debate político a nivel nacional. Desde Moncloa consideran que la iniciativa de la Comunidad de Madrid de revisar la legislación estatal sobre la interrupción voluntaria del embarazo podría infringir la ley, y están valorando presentar el caso ante la justicia.
Portavoces del Gobierno indican que su prioridad es «asegurar que todas las mujeres, sin importar la región en la que residan, puedan ejercer los derechos que la ley les reconoce». Por otro lado, las autoridades madrileñas defienden que «la Comunidad cuenta con competencias para organizar sus servicios sanitarios y brindar la mejor atención posible».
Este nuevo choque se añade a una cadena de tensiones crecientes entre Madrid y el Gobierno central, que interpreta la postura de Ayuso como una estrategia de confrontación política con vistas al ámbito nacional.