Asociaciones conservadoras de jueces y fiscales han convocado tres días de huelga para protestar contra las reformas legislativas del Gobierno. A pesar del paro, sus salarios no serán afectados, pues el Ministerio de Justicia carece de competencia para aplicar descuentos.
La judicatura española afrontará su sexta huelga en democracia tras anunciarse tres jornadas de paro impulsadas por asociaciones conservadoras de jueces y fiscales. Estas movilizaciones expresan el rechazo a modificaciones legales que consideran una amenaza para la independencia judicial.
Contrariamente a la mayoría de sectores laborales, los jueces no verán reducidos sus sueldos por sumarse a la huelga. En 2018, el Ministerio de Justicia intentó descontar alrededor de 200 euros a cada juez en huelga, pero la Audiencia Nacional dictaminó que dicha entidad no tiene autoridad para ejecutar esos descuentos y ordenó la devolución de las cantidades retenidas.
Desde entonces, las huelgas convocadas por los jueces no han implicado pérdida económica para sus remuneraciones, lo que ha suscitado críticas por tratarse de un paro sin costo personal.
No se han definido aún las fechas concretas de la huelga, aunque se anticipa que afectará de manera relevante la actividad judicial a nivel nacional durante esos días.
