Barcelona – La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha publicado un informe en el que señala la existencia de prácticas ilegales en centros penitenciarios catalanes, destacando un patrón de malos tratos que incluye el uso abusivo de medidas de contención, castigos físicos y represalias contra aquellos internos que denuncian estas situaciones.
Este documento, divulgado con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura (26 de junio), forma parte del Índice Global de la Tortura, una herramienta que analiza el estado de los derechos humanos en contextos de detención a nivel mundial. En relación a Cataluña, la OMCT alerta sobre prácticas que se distancian de la rehabilitación y adoptan una función claramente punitiva.
Uso inadecuado de medidas de contención y sanciones físicas
Según el informe, es común que el personal penitenciario recurra a medidas como la inmovilización de presos atándolos a la cama y a la imposición de castigos corporales. Estas actitudes infringen tanto la legislación vigente como los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Limitaciones en el acceso a la defensa legal
La OMCT señala deficiencias estructurales en cuanto al acceso de los internos a la defensa jurídica. El documento destaca que los presos rara vez cuentan con acceso regular a un abogado, ni se garantiza su derecho a ser presentados ante un juez o a recibir apoyo de intérpretes y traductores. Asimismo, critica la ineficacia o inexistencia práctica de mecanismos para denunciar malos tratos o solicitar protección.
Deficiencias médicas y falta de aplicación del Protocolo de Estambul
Otro aspecto crítico indicado por la organización es la carencia de una atención médica inmediata e independiente para quienes denuncian torturas, lo que dificulta la obtención de pruebas y la investigación de los abusos.
La OMCT también apunta a una implementación deficiente del Protocolo de Estambul, el estándar internacional promovido por Naciones Unidas para la documentación de la tortura. Según el informe, en Cataluña esta medida se aplica de manera inconsistente y sin las garantías necesarias para asegurar una documentación exhaustiva y confiable.
Hostigamiento y represalias contra quienes denuncian
El informe recoge numerosos testimonios de internos que aseguran haber sufrido represalias tras presentar quejas por malos tratos. Entre estas se incluyen aumentos en registros personales, sanciones disciplinarias sin justificación, traslados a prisiones de mayor seguridad, aislamiento y actos de intimidación por parte del personal penitenciario.
Además, la OMCT señala un riesgo mayor de tortura y malos tratos en la detención de migrantes en situación irregular y de activistas asociados a movimientos ideológicos como el anarquismo, el independentismo o el ecologismo.
España bajo seguimiento internacional
En el ámbito del control fronterizo, la organización sitúa a España junto a países como Libia, Túnez, Bielorrusia y Hungría debido a un uso «excesivo» de la fuerza. Como ejemplo, menciona la tragedia de Melilla en 2022, donde al menos 37 personas fallecieron durante una intervención policial que, según el informe, aún no ha sido objeto de investigación formal.
Asimismo, la OMCT expresa preocupación por la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y advierte que varios defensores de derechos humanos en España han tenido que exiliarse en los últimos tres años, equiparando esto a condiciones en países como Etiopía, Filipinas o México.
Un problema persistente aunque no sistemático
A pesar de la gravedad de las denuncias, la OMCT clasifica a España como un país con un nivel de riesgo «moderado», considerando que las torturas y malos tratos no son sistemáticos, aunque ocurren con más frecuencia de la esperada. El informe concluye mencionando abusos policiales habituales durante manifestaciones y detenciones, incluyendo agresiones físicas, posturas forzadas, amenazas y humillaciones sexuales.
La organización internacional urge a las autoridades españolas, especialmente las catalanas, a fortalecer los mecanismos de prevención, protección y supervisión en los centros penitenciarios, así como a garantizar la responsabilidad de quienes cometen estas prácticas.
