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domingo, junio 15, 2025
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La Fiscalía solicita archivar la causa contra García Ortiz y critica al Supremo por acusar a Moncloa sin evidencias

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Critica al juez instructor por omitir pruebas fundamentales y testimonios periodísticos que podrían exculpar al fiscal general.

La Fiscalía ha pedido el archivo de la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la responsable de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en relación con una supuesta revelación de secretos vinculada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En un documento al que tuvo acceso Europa Press, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, interpone un recurso ante la Sala de Apelación del alto tribunal para detener el procesamiento ordenado por el magistrado Ángel Hurtado. De este modo, la Fiscalía evita una revisión por parte del propio juez y busca el archivo del caso con la absolución de los dos fiscales implicados.

Sánchez Conde sostiene que el magistrado ha dejado de lado elementos clave y ha incluido afirmaciones ‘‘sin base probatoria’’, en referencia a la presunta implicación del Ejecutivo central en las acciones del fiscal general. En particular, destaca que el instructor desestimó el testimonio de periodistas que podrían respaldar la versión de García Ortiz y evidenciar que no existió una revelación ilegal de información.

La teniente fiscal indica que el juez Hurtado reconoce que, antes del 2 de febrero de 2024, ya circulaba en medios un posible acuerdo entre González Amador y la Fiscalía, en el cual este admitía la comisión de dos delitos fiscales. Según el Ministerio Público, esta información invalida la acusación principal del caso.

Con esta actuación, la Fiscalía busca refutar la hipótesis del instructor, quien abrió la vía para un posible juicio contra García Ortiz y Rodríguez por presunta divulgación de datos confidenciales de un asunto delicado. El caso ha tomado una fuerte carga política debido a la vinculación indirecta con Moncloa, que la Fiscalía niega categóricamente, afirmando que no existe fundamento alguno que relacione al Gobierno con la conducta de los fiscales.

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