La representación legal de Koldo García, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos, ha acusado al titular de Transportes, Óscar Puente, de promover la elaboración de un informe “manipulado” y “falso” que sirvió de fundamento para su imputación en el proceso judicial sobre la trama de las mascarillas. En un escrito presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo, su abogada, Leticia de la Hoz, reclama la nulidad del procedimiento completo, argumentando que las acusaciones forman parte de una estrategia “selectiva” y “dirigida” para proteger a ciertos involucrados y atribuir la responsabilidad a otros.
Según el recurso presentado, el Ministerio de Transportes encargó dicho informe apenas seis días después de la detención de García, el 27 de febrero de 2024, y el documento fue emitido el 19 de agosto del mismo año. De la Hoz afirma que el informe se realizó “sin garantías procesales” ni respaldo jurídico vigente, omitió información exculpatoria, utilizó un “lenguaje evaluativo inadecuado en un informe técnico” y fue divulgado públicamente con la intención de “influir en la opinión pública y en la judicatura”.
La abogada destaca que el Real Decreto 253/2024, que concedía competencias de auditoría al órgano ejecutor, no entró en vigor hasta el 12 de marzo de 2024, por lo cual sostiene que el informe carece de validez legal. Según su criterio, aquel documento tuvo un carácter de “exposición pública” más que de auditoría interna, ya que fue publicado en la página web del Ministerio y difundido en medios para generar presión mediática.
El escrito indica que este informe fue incorporado después al proceso por la Audiencia Nacional y utilizado como base para el informe razonado que llevó a la imputación de García y Ábalos ante el Tribunal Supremo.
Además, la defensa señala una “selección estratégica de imputados” que ha dejado fuera a “personas clave” en la investigación, como los presuntos beneficiarios de las irregularidades, quienes comparecieron como testigos y no como imputados. Entre ellos, la letrada menciona a Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos; la aerolínea Air Europa; el empresario Claudio Rivas de Villafuel; y varios funcionarios con quienes se habrían mantenido contactos para favorecer intereses empresariales.
También se solicita la devolución de los teléfonos móviles de García, cuya incautación se considera injustificada. Se advierte, además, que el suplicatorio aprobado por el Congreso para investigar a Ábalos no incluía algunos hechos que ahora examina el Supremo, como la financiación pública a Air Europa o las gestiones fiscales relacionadas con Víctor de Aldama.
Por todo ello, De la Hoz demanda que el Tribunal Supremo declare la nulidad del caso y levante la imputación contra su cliente, alegando vulneración de derechos fundamentales y manipulación de pruebas.
