El Ministerio del Interior, presidido por Fernando Grande-Marlaska, ha revisado su protocolo respecto a las personas trans detenidas. La nueva directriz otorga prioridad al sexo registral frente al género que la persona manifieste, lo que ha provocado críticas desde colectivos LGTBI.
El Ejecutivo ha realizado un cambio relevante en uno de los puntos más controvertidos del protocolo policial para detenidos trans, estableciendo que prevalecerá el sexo registral indicado en el DNI por encima de la identidad de género expresada por la persona arrestada. Esta modificación, promovida por Interior bajo la gestión de Fernando Grande-Marlaska, representa un cambio respecto al protocolo aprobado en 2021, que defendía el respeto de la identidad de género mostrada por el detenido.
La decisión se fundamenta en varios informes jurídicos y técnicos que consideran que esta interpretación se ajusta mejor al marco legal vigente, especialmente en lo que afecta al sistema penitenciario y los derechos de terceros. A pesar de ello, la actualización ha suscitado preocupación entre organizaciones que defienden los derechos LGTBI, que la valoran como un retroceso en el reconocimiento de la identidad de género en situaciones de privación de libertad.
Desde el Ministerio del Interior se recalca que esta modificación no supone una violación de derechos, sino un ajuste conforme a la legislación aplicable. Sin embargo, agrupaciones como Fundación Triángulo y FELGTBI+ han manifestado que esta práctica puede acarrear discriminación y riesgos para las personas trans, en particular para quienes no han actualizado su documentación oficial.
Este nuevo criterio podría afectar aspectos como la asignación de espacios de detención, los cacheos o el trato durante el arresto. Las entidades sociales temen que contribuya a la invisibilización de las personas trans dentro del sistema judicial y policial, justo en un momento en el que otros países avanzan en sentido opuesto.
La actualización coincide con el debate político sobre los límites de la autodeterminación de género, un tema que ha generado divergencias incluso dentro del Gobierno de coalición. Por el momento, el Ministerio de Igualdad no ha emitido una postura oficial sobre esta nueva orientación del protocolo, aunque se espera una respuesta crítica próximamente.
