Los profesionales médicos que evaluaron al expresidente catalán establecen que presenta un “deterioro cognitivo moderado” vinculado a un trastorno neurocognitivo irreversible, lo cual podría impedir su asistencia física al juicio.
Los peritos que examinaron a Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, concluyeron que no posee las capacidades físicas ni cognitivas necesarias para defenderse en un proceso judicial, debido a un deterioro significativo de sus facultades intelectuales. El informe describe su condición como un trastorno neurocognitivo mixto, con rasgos característicos de una variante del Alzheimer junto a un componente vascular.
Tras aplicar diversas pruebas cognitivas tanto en su domicilio como durante su hospitalización, los especialistas identificaron dificultades en funciones esenciales como la memoria, la orientación temporal, la percepción visuoespacial, la fluidez verbal y la capacidad de inhibición. Además, notaron un cansancio cognitivo notable que afectaba su atención y comprensión a medida que avanzaba la evaluación.
El informe médico señala que esta patología es irreversible y progresiva, carece de un tratamiento que la revierta eficazmente y afecta gravemente su aptitud procesal. Por ello, los peritos destacan que no cumple con los requisitos para participar activamente en el juicio, ya que no podría argumentar ni contestar coherentemente a las acusaciones.
En respuesta, la Audiencia Nacional ha decidido que Pujol intervenga el próximo lunes mediante videoconferencia, asegurando así su presencia formal pese a las limitaciones de salud. Asimismo, los médicos que elaboraron el informe están citados para confirmar sus hallazgos ante los magistrados antes del inicio del juicio.
La situación de salud del expresidente es especialmente delicada, habiendo sido hospitalizado hace poco por una neumonía. Aunque su evolución ha sido favorable, su fragilidad física combinada con el deterioro cognitivo representa un gran desafío para afrontar una vista oral prolongada.
La autorización para que comparezca de forma remota no concluye la discusión: aún falta resolver si su estado justifica una exclusión definitiva del proceso, un aspecto crucial para la defensa y la acusación. La Audiencia Nacional tendrá que analizar cuidadosamente hasta qué punto el procedimiento puede seguir sin poner en riesgo los derechos de un acusado con estas limitaciones.
