El Tribunal Constitucional ha validado con una estrecha mayoría de seis votos frente a cuatro la constitucionalidad de la Ley de Amnistía promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como parte del acuerdo con Junts per Catalunya.
Esta legislación, fundamental para la investidura del actual presidente, permite cancelar las consecuencias penales para los participantes en el proceso independentista catalán denominado procés.
La sentencia del Tribunal superior despeja el camino para la implementación de esta medida, a pesar de la intensa controversia política y jurídica que generó desde su propuesta. Los jueces de corte progresista respaldaron la decisión, mientras que los cuatro magistrados conservadores emitieron votos discrepantes, cuestionando la conformidad de la ley con la Constitución.
Esta norma fue una de las condiciones planteadas por Junts, partido liderado por Carles Puigdemont, para apoyar la investidura de Sánchez tras las elecciones generales de 2023. Gracias a sus siete votos, el PSOE alcanzó la mayoría necesaria en el Congreso para formar gobierno.
El fallo del Tribunal Constitucional supone un respaldo institucional a una de las decisiones más debatidas de la legislatura y fortalece la posición del Gobierno en su estrategia de diálogo con el independentismo catalán. Sin embargo, se prevé que esta resolución intensifique el debate político y social sobre los límites legales en las negociaciones parlamentarias.
