El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la sanción de 233.324 euros que el Tribunal de Cuentas aplicó a Vox en julio de 2024 por supuestas donaciones dirigidas a un fin específico. La Sala ha aceptado el recurso interpuesto por el partido dirigido por Santiago Abascal, al entender que el órgano fiscalizador aplicó una interpretación “literalista y excesivamente formalista” sobre el concepto de “donación finalista”.
La sentencia se enfoca en dos campañas de recaudación impulsadas por Vox en 2018 y 2019. La primera campaña estuvo destinada a cubrir una fianza fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña derivada de la querella contra el ex president Quim Torra. La segunda tenía como objetivo costear parte de la fianza de Borja Salvador, un joven condenado por defender a una mujer durante un asalto.
El Tribunal de Cuentas consideró que estas acciones contravenían el artículo 17 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, que prohíbe las donaciones con finalidad específica, y sancionó a Vox con dos multas: una de 50.000 euros y otra de 183.324 euros.
No obstante, el Supremo concluye que el órgano supervisor no tuvo en cuenta “el espíritu y la finalidad” de la norma y que su interpretación no alcanza “el grado de certeza exigible” para tipificar una infracción grave. Asimismo, señala que no se evidencia que estas campañas hayan podido poner en riesgo “la actuación libre e independiente” de la formación política, ya que fue la propia agrupación quien comunicó públicamente el destino de los fondos recaudados.
El tribunal también remarca que las campañas se llevaron a cabo con transparencia y sin intención de vulnerar la legislación vigente. Además, indica que las iniciativas estaban en consonancia con los valores y objetivos que integran el ideario del partido.
Con este fallo, el Tribunal Supremo anula las dos multas impuestas por la misma causa. Sin embargo, Vox aún enfrenta otras dos sanciones relacionadas con su financiación: una multa adicional de 50.000 euros por donaciones finalistas y otra de 862.000 euros por presuntamente haber aceptado donaciones anónimas, prohibidas por la ley.