Este martes, el Senado fue nuevamente escenario de un debate político acerca de las políticas de igualdad y la violencia de género. El Partido Popular pidió la renuncia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debido a la gestión del sistema de pulseras telemáticas para controlar a agresores, un mecanismo diseñado para mejorar la protección de las víctimas de violencia machista.
Durante una sesión monográfica en la Cámara alta, los representantes del PP cuestionaron la eficacia de las medidas establecidas por el Ministerio de Igualdad y aprovecharon para reavivar sus críticas a la llamada “ley del solo sí es sí”. Este debate recordó los enfrentamientos parlamentarios de la legislatura anterior en torno a esta ley, cuya consecuencia más polémica fue la revisión de sentencias contra agresores sexuales por la reducción de penas prevista en su articulado.
La portavoz popular en el Senado calificó la actuación de Redondo como una demostración de “falta de responsabilidad” y exigió su dimisión inmediata. Según el PP, la administración de las pulseras electrónicas presenta graves deficiencias que podrían poner en peligro a las mujeres que confían en este sistema para preservar su seguridad.
En contraste, el Ejecutivo mostró un mensaje de cohesión y respaldo total hacia la ministra. Portavoces gubernamentales defendieron la eficacia de los dispositivos y destacaron el compromiso de Ana Redondo con la lucha contra la violencia de género. “La ministra tiene nuestro respaldo completo y continuará trabajando para fortalecer la protección de las víctimas”, señalaron.
Este intercambio en el Senado evidencia que la ley del consentimiento y las políticas de igualdad siguen siendo un tema de fuerte controversia entre los partidos. Mientras el PP insiste en denunciar fallos de gestión y consecuencias no deseadas de la normativa aprobada en la anterior legislatura, el Gobierno procura mantener la credibilidad de su política y consolidar los ajustes legales realizados.
Con este episodio, la Cámara alta se reafirmó como un espacio de confrontación ideológica y política sobre uno de los debates más sensibles y relevantes de los últimos años: la garantía de los derechos de las mujeres y la actuación estatal frente a la violencia machista.