El Partido Popular ha intensificado la discusión sobre energía y las diferencias internas en el Gobierno al presentar una enmienda para aplazar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), que estaba previsto para 2027. Esta iniciativa, aprobada en el Senado, ha reavivado los desacuerdos entre los miembros del Ejecutivo y podría abrir un nuevo conflicto político en el Congreso.
Podemos y Alianza Verde han solicitado a la Mesa del Congreso que impida la tramitación de la enmienda, argumentando que invade las competencias gubernamentales y contraviene los compromisos ambientales de España en materia de transición energética. No obstante, fuentes oficiales de los partidos del Gobierno reconocen que el veto es complicado, dado que el texto cuenta con suficiente apoyo parlamentario para ser debatido.
Por su parte, desde el PP sostienen que la propuesta busca asegurar la estabilidad energética y preservar los empleos en la región, mientras que el Ejecutivo mantiene que el calendario de cierre fue acordado con los propietarios de la central y se integra en la estrategia nacional de descarbonización.
La central nuclear de Almaraz, una de las más antiguas del país, debería cesar su actividad durante la próxima década como parte del plan para la reducción progresiva de la energía nuclear. Sin embargo, esta iniciativa del Partido Popular coloca al Gobierno en una situación compleja, debiendo equilibrar sus compromisos medioambientales con las presiones económicas y políticas.
