Durante el juicio en el Tribunal Supremo, la acusación particular ha reiterado su demanda de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos, mientras una de las acusaciones populares ha reducido la pena solicitada.
La acusación particular, representada por Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— ha confirmado que solicita cuatro años de prisión, además de tres años de inhabilitación y suspensión en el empleo, contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debido a la presunta revelación de secretos.
Este juicio involucra distintas peticiones que oscilan hasta los seis años de cárcel y doce de inhabilitación, planteadas por las diversas acusaciones. En la sesión, la defensa del fiscal presentó documentos que pretenden demostrar la ausencia de filtraciones en el correo que se le atribuye.
Las acusaciones populares —Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y un grupo que incluye a Vox— han mantenido sus demandas de pena, salvo Manos Limpias, que ha disminuido su petición de prisión de cuatro a tres años, aplicando la atenuante por vulneración del secreto sumarial.
Durante la vista, la defensa entregó certificaciones que indican que el correo implicado estaba alojado en una cuenta genérica de Fiscalía, accesible a varios funcionarios, junto con un acta de soportes digitales. Estas pruebas buscan refutar la acusación de filtración contra el fiscal.
Esta etapa del juicio se desarrolla en un marco de tensión institucional, ya que la petición de la acusación particular —liderada por la pareja de Díaz Ayuso— y la figura del fiscal general otorgan un alto impacto político y mediático al proceso.
