Este martes, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, compareció ante el Tribunal Supremo para explicar el impacto que tuvo para él la filtración de un correo electrónico en el que su defensa reconocía la comisión de dos delitos fiscales.
Durante su intervención, González Amador manifestó que tras la divulgación del mensaje se sintió “expuesto y juzgado públicamente”, y acusó al fiscal general del Estado de haberle “anulado públicamente”. Expresó que pasó a ser considerado “delincuente confeso, sin proceso ni posibilidad de defensa”, refiriéndose al efecto personal y mediático que causó dicha filtración.
Esta declaración se incluye dentro de la investigación que se lleva a cabo en el Supremo sobre la presunta filtración de comunicaciones entre la defensa del empresario y la Fiscalía. González Amador, quien está siendo investigado por fraude fiscal, argumenta que la divulgación del correo violó sus derechos a la privacidad y al secreto profesional.
El caso, que tiene relevancia política por la vinculación sentimental del acusado con la presidenta de Madrid, ha reavivado el debate en torno a la responsabilidad en la filtración de documentos judiciales y el manejo de información confidencial en procesos mediáticos de alto perfil.
La defensa de González Amador sostiene que el contenido del correo se usó intencionadamente para perjudicar su reputación y, por extensión, la de Ayuso. Actualmente, el Supremo continúa recopilando testimonios para aclarar quién accedió y cómo se difundió este mensaje privado entre abogado y cliente.
