El juez responsable de la instrucción judicial ha indicado en un auto que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llevó a cabo sus acciones “siguiendo directrices provenientes de Presidencia del Gobierno”, dentro de una causa que ha provocado una fuerte conmoción en la Fiscalía.
De acuerdo con el magistrado, García Ortiz habría acatado ordenes externas en decisiones cruciales relacionadas con el proceso, lo que podría representar una seria afectación a la autonomía del Ministerio Fiscal. Además, el juez critica al fiscal general por el borrado masivo de información en sus dispositivos electrónicos durante el transcurso de la investigación, calificándolo como una posible obstrucción a la justicia.
Sumado a esto, García Ortiz se negó a contestar las preguntas formuladas por el juez instructor, actitud que se interpreta como una falta de cooperación con el procedimiento judicial. «La conducta del fiscal general no solo ha dificultado el avance de la investigación, sino que también suscita dudas sobre la independencia de sus actos», afirma el auto.
Hasta ahora, desde el entorno del fiscal general no se ha emitido declaración oficial; sin embargo, fuentes próximas sostienen que “todas las medidas adoptadas se realizaron conforme a la legislación vigente”.
Este nuevo episodio aumenta la presión sobre el Gobierno, que podría verse en la necesidad de ofrecer explicaciones públicas si se confirma la existencia de instrucciones directas desde Moncloa.
