El juez Juan Carlos Peinado ha decidido proseguir con la causa judicial abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha imputado a Judit Alexandra González, secretaria general de la Presidencia del Gobierno y alto cargo de La Moncloa. La investigación analiza posibles delitos de malversación y tráfico de influencias.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, juez Juan Carlos Peinado, ha optado por no archivar el procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y seguir profundizando en su presunta vinculación con un caso relacionado con malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Esta causa, iniciada en 2024, ha tenido una gran repercusión tanto mediática como política, dadas las personas implicadas y su relación con altos cargos del Ejecutivo español.
El juez rechazó las solicitudes de archivo presentadas por la defensa de Gómez y la Fiscalía, quienes consideraban que no existían evidencias suficientes para continuar. Según la resolución, es necesario continuar con la instrucción, ante la sospecha de un posible uso indebido de fondos públicos en actividades privadas vinculadas a la esposa del presidente. La investigación se centra especialmente en eventuales irregularidades en la administración de recursos destinados a actividades universitarias donde Gómez podría estar implicada indirectamente.
Asimismo, el magistrado ha decidido imputar a un nuevo alto cargo del Gobierno, Judit Alexandra González, que ejerce como secretaria general de la Presidencia. Esta nueva imputación se añade a la de Begoña Gómez y otros individuos vinculados a los hechos que están siendo examinados. González, hasta ahora no mencionada en el proceso, está bajo investigación por su presunta relación con las actividades objeto de la causa.
El juez también convocó a nuevos testigos esenciales, entre ellos el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, quien deberá aportar su testimonio sobre las conexiones entre Gómez, su entorno y las supuestas irregularidades en el uso de recursos universitarios. Doadrio ya había sido citado en documentos previos y su declaración podría contribuir a esclarecer los hechos investigados.
En otro punto, el juez ha decidido no volver a citar a Pedro Sánchez ni al ministro Félix Bolaños, quienes fueron interrogados en 2024. Considera que sus testimonios no añadirían información relevante para el caso. Esta postura ha sido respaldada por la Fiscalía, que no solicitó su nueva comparecencia.
Este proceso ha generado un debate político importante, con peticiones del sector opositor para que se agilicen los trámites y se clarifiquen las responsabilidades de los implicados. Por su parte, el Gobierno mantiene una posición tranquila, confiando en que no se hallarán evidencias que comprometan a Begoña Gómez. Sin embargo, el caso sigue siendo objeto de discusión, dado que la implicación de personas cercanas al presidente puede afectar su imagen pública, especialmente en el contexto de investigaciones por corrupción o irregularidades en fondos públicos.
A pesar de que el archivo fue desestimado, los fiscales que inicialmente mostraron reticencias a seguir con la causa mantienen una postura cautelosa. La investigación continuará conforme se obtengan nuevas pruebas y testimonios. La citación de testigos adicionales y el análisis de documentos vinculados con la Universidad Complutense podrían aportar mayor claridad sobre los hechos.
En conclusión, la causa sigue abierta y la imputación de un alto cargo en La Moncloa añade complejidad a un procedimiento con relevancia política y mediática, que probablemente continuará siendo objeto de atención en las próximas semanas.
