Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, formalizan un acuerdo de gran relevancia mediante el cual el País Vasco tomará el control de la gestión del pago de prestaciones por desempleo, que afecta a cerca de 44.700 personas. Esta transferencia, reclamada durante mucho tiempo por el PNV, supone un avance importante en la búsqueda de los nacionalistas vascos por establecer una Seguridad Social propia.
Esta acción forma parte de las transferencias pendientes contempladas en el Estatuto de Gernika, promoviendo una descentralización administrativa que permitirá al Gobierno vasco administrar directamente las ayudas para desempleados en la comunidad autónoma. Aun así, la Seguridad Social como sistema común continuará bajo la responsabilidad del Estado.
Desde la Moncloa se asegura que esta delegación no afecta la caja única de la Seguridad Social, mientras que el Ejecutivo vasco valora el logro como una manifestación de “autogobierno real”. Además, el acuerdo podría tener repercusiones políticas más amplias, al fortalecer el respaldo del PNV al Gobierno central en un contexto parlamentario muy ajustado.
Este avance establece un precedente que podría reactivar el debate sobre el modelo territorial del Estado y la posibilidad de emulación en otras comunidades autónomas con reivindicaciones similares.
