El Ejecutivo español califica como una «victoria clara» el informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que confirma la legalidad de la Ley de Amnistía y contradice las críticas que la catalogaban de «autoamnistía».
El Gobierno de España ha reaccionado con entusiasmo al reciente parecer emitido por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avala la Ley de Amnistía vigente en España, asegurando que esta no infringe las normativas europeas ni afecta los intereses financieros comunitarios. El informe descarta que la amnistía constituya una «autoamnistía» como sostenían algunos detractores, y señala que no contradice la legislación europea relativa al terrorismo y su financiación.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, calificó este dictamen como una «victoria clara», resaltando que el informe del Abogado General representa un respaldo esencial para la postura del Gobierno sobre esta ley. Según Bolaños, el dictamen certifica que la Ley de Amnistía se ajusta al derecho europeo y no presenta incompatibilidades con las regulaciones internacionales, como habían planteado ciertos sectores opositores y expertos en derecho comunitario.
Asimismo, el informe ha sido interpretado como una respuesta a las críticas que afirmaban que la ley vulneraba principios fundamentales de la justicia europea, especialmente en relación con la lucha contra el terrorismo y la transparencia en su aplicación. El dictamen aclara que el proceso de amnistía no perjudica los derechos ni las libertades de los ciudadanos de la Unión Europea, ni contraviene las normas sobre terrorismo y violencia.
Este dictamen llega en un momento de debate sobre la Ley de Amnistía, que algunos interpretan como un intento de exonerar a los líderes del ‘procés’ independentista catalán, entre ellos Carles Puigdemont, involucrados en el referéndum no autorizado de 2017. A pesar de las críticas, el Gobierno asegura que la amnistía responde a un compromiso político orientado hacia el diálogo y la reconciliación en Cataluña.
Por otra parte, el Abogado General indicó la necesidad de que el TJUE siga evaluando si la ley respeta el derecho europeo en cuanto a las condiciones de justicia y derechos fundamentales. Aunque este dictamen no es vinculante, se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haga una declaración formal en los próximos meses. Mientras tanto, sectores críticos, como el Partido Popular, mantienen su rechazo a la Ley de Amnistía, calificándola de una medida política que beneficia exclusivamente a los independentistas y que representa un riesgo para el Estado de Derecho.
