El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha experimentado un renovado impulso político como respuesta a las declaraciones de Vox, que planteó deportaciones masivas de inmigrantes. Este anuncio, efectuado el lunes, generó numerosas reacciones tanto desde el Gobierno como del conjunto de partidos parlamentarios.
En la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reprochó firmemente a la formación encabezada por Santiago Abascal. Señaló que desconocen que gran parte del crecimiento del país se debe a la contribución de los migrantes y calificó la propuesta de Vox como «xenófoba y desvinculada de la realidad».
Igualmente, Pedro Sánchez se pronunció en la red social X, recordando que España fue durante años un país de emigración y que actualmente, como nación receptora, quienes llegan aportan con su trabajo al progreso de España. El presidente, quien comparecerá este miércoles en el Congreso para abordar el caso Cerdán, aprovechó para enfatizar la importancia de «recordar nuestras raíces para comprender nuestra identidad».
Vox matiza su propuesta y desmiente cifras de ocho millones
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, intentó clarificar su postura en una entrevista en Herrera en Cope. Negó que su partido haya planteado deportar a ocho millones de inmigrantes, calificando esa cifra como una distorsión: «Quien dijo eso o no atendió a las declaraciones o miente de forma intencionada».
Millán reiteró que la migración debe ser legal y regulada, advirtiendo que nadie que entre ilegalmente podrá permanecer en España. Además, indicó que podrían repatriarse personas con documentación en caso de mostrar «incapacidad evidente para integrarse» o si «el crimen es su modo de vida».
La portavoz acusó a las administraciones públicas de haber generado un problema complejo por no haber promovido la integración desde el inicio. Sostuvo que el plan de repatriación sería una opción «menos perjudicial» para evitar que España repita «el error observado en Francia».
El PP rechaza tanto deportaciones como regularizaciones masivas
Por su parte, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ester Muñoz, se distanció de la propuesta de Vox. Afirmó que el PP no apoya ni regularizaciones ni deportaciones masivas, destacando que tales medidas contravienen la legislación internacional.
Muñoz recordó que la Constitución Española establece el respeto a tratados internacionales como la Convención Europea de Derechos Humanos, cuyo artículo 4 prohíbe de forma explícita las expulsiones colectivas.
En un contexto donde el debate migratorio vuelve a ser central en los medios, el Gobierno utiliza el desgaste que genera en la derecha esta controversia para afianzar su postura en un momento político especialmente sensible.
