El proceso judicial que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está en su fase final y se prevé que se dictará sentencia este jueves tras la presentación de los informes conclusivos de las diferentes partes involucradas: las acusaciones, la Fiscalía y la defensa.
Este caso representa un hecho sin precedentes, siendo la primera vez que un fiscal general del Estado es juzgado formalmente. Se le atribuye un delito de revelación de secretos relacionado con un controvertido correo electrónico enviado el 2 de febrero, en el que se admite la comisión de delitos fiscales por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Durante su declaración, García Ortiz negó haber enviado el correo señalado y afirmó que «la verdad no se filtra, se defiende», reflejando su postura y confianza en una resolución favorable.
El miércoles, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, indicó que cada parte acusadora y el Ministerio Fiscal dispondrían de entre 30 y 45 minutos para exponer sus conclusiones, mientras que la defensa contaría con el tiempo necesario para su intervención.
Las partes implicadas incluyen al fiscal general y varias organizaciones que ejercen como acusaciones populares. Entre los acusadores figura Alberto González Amador, quien ha ejercido su derecho como afectado. Además, se presentan seis acusaciones populares, entre ellas la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), así como Manos Limpias y Vox.
En sesiones previas, todas las acusaciones ratificaron sus demandas, aunque Manos Limpias ajustó su petición reduciendo la pena propuesta de cuatro a tres años de prisión, considerando una atenuante vinculada a una posible vulneración del secreto sumarial que podría afectar el derecho de defensa de González Amador.
Por otro lado, las demás acusaciones mantuvieron sus solicitudes de penas, que oscilan entre tres y seis años de prisión, además de multas e inhabilitaciones por delitos de revelación de secretos, prevaricación y, subsidiariamente, por la infidelidad en la custodia de documentos. Estas demandas reflejan la seriedad de las imputaciones contra el fiscal general.
La Fiscalía y la defensa, representada por la Abogacía del Estado, reiteraron su petición de absolución, señalando la falta de pruebas suficientes para sostener las acusaciones.
Finalizadas las exposiciones, corresponderá a los siete magistrados emitir la sentencia, que se espera sea conocida hacia finales de año, poniendo punto final a un episodio relevante en la justicia española.
