El Congreso de los Diputados ha rechazado la propuesta de ley acordada entre PSOE y Junts para transferir a Cataluña la gestión de las competencias en inmigración. La votación terminó con 177 votos en contra frente a 173 a favor, lo que representa un revés para el Gobierno de Pedro Sánchez y añade presión a la mayoría parlamentaria que lo sostiene.
La derrota no solo se debió al voto conjunto del PP, Vox, UPN y Podemos —siendo estos últimos críticos por considerar el texto como “racista”—, sino también por la desobediencia de parte de Sumar. Los diputados Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista) rompieron la disciplina y se unieron al bloque del “no”, limitando las opciones del Ejecutivo.
El rechazo a la propuesta supone un revés considerable para Junts, que había establecido la cesión de la gestión migratoria como una condición clave para respaldar la legislatura. Carles Puigdemont responsabilizó directamente a Sánchez de la caída de la iniciativa, reforzando sus argumentos para distanciarse del Gobierno.
Durante el debate, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, defendió la transferencia como una herramienta necesaria para manejar el actual aumento migratorio en Cataluña, relacionando el fenómeno con la identidad y la lengua catalana. Su intervención recibió críticas de varios grupos, que calificaron esta postura de “xenófoba” y cercana a posturas de extrema derecha.
El PSOE intentó desligar la medida de connotaciones ideológicas, presentándola como una cuestión puramente competencial, mientras que Podemos denunció que el texto mantenía un marco “racista” y propuso en su lugar negociar una regularización masiva de extranjeros. Por su parte, ERC, a través de Gabriel Rufián, criticó a Junts por perjudicar a Cataluña y acusó a sus dirigentes de acercarse a posiciones de la ultraderecha catalana.
La votación también evidenció las tensiones internas en Sumar. A pesar de que la dirección defendió el apoyo a la propuesta bajo el argumento del “plurinacionalismo”, dos de sus diputados se opusieron, señalando que no se trataba solo de una cesión administrativa sino de una disputa cultural que estigmatiza a los migrantes.
El fallo en alcanzar un acuerdo sobre la gestión migratoria deja heridas abiertas en el bloque de investidura y fortalece la narrativa de Junts sobre la incapacidad del Estado para responder a las demandas de autogobierno de Cataluña. Con la estabilidad de la legislatura en juego, esta situación aumenta la incertidumbre sobre el futuro del Gobierno y su relación con el independentismo catalán.