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El Congreso aprueba la Ley de Movilidad Sostenible con cambios en Renfe

El Congreso dio luz verde este jueves al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que incorpora 20 enmiendas presentadas por el Partido Popular en el Senado. Esta normativa tiene como objetivo optimizar el sistema de transporte en España, destacando el derecho a la movilidad para todos los ciudadanos. Un aspecto fundamental de la ley es la implementación de planes de movilidad sostenible en las empresas.

Entre las enmiendas aprobadas figura la del PP que obliga a Renfe a aumentar las compensaciones por retrasos, un tema relevante durante el debate político. No obstante, varias propuestas fueron rechazadas, como las que solicitaban prolongar la vida útil de las centrales nucleares y congelar las tasas aeroportuarias de Aena para 2026.

La aprobación de la ley se facilitó gracias a la abstención del grupo Junts, subrayando que a pesar de las divergencias, avanzar en materia de movilidad y sostenibilidad es prioritario. Esta ley llega tras un proceso parlamentario que comenzó en diciembre de 2022.

Durante la tramitación, el Gobierno subrayó que la norma mejorará la calidad de vida y proporcionará cerca de 10.000 millones de euros en fondos europeos. Estos recursos dependen de la aprobación de un marco legal que impulse la movilidad sostenible en el país.

Entre las medidas destacan la modernización del transporte español, con electrificación de trenes, puertos y aeropuertos, y la supresión de vuelos nacionales cortos cuando existan alternativas ferroviarias, buscando un transporte más eficiente y menos contaminante.

Una innovación destacable es la reinstauración de las indemnizaciones por demoras para Renfe. La compañía deberá compensar a los pasajeros por retrasos de 15 y 30 minutos en el AVE, derogando la normativa vigente desde julio de 2024 que solo cubría demoras de 90 minutos o más.

El respaldo a esta enmienda muestra un consenso significativo entre partidos como PP, Vox y ERC. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, mostró reservas sobre esta medida, señalando que podría generar desventajas competitivas frente a operadores extranjeros que solo compensan retrasos a partir de 60 minutos.

Además, se ratificó una enmienda para garantizar que las rutas y frecuencias del transporte público por carretera en zonas rurales se mantengan, atendiendo la preocupación de que las localidades no pierdan conexiones esenciales en el nuevo mapa concesional de autobuses. La diputada Ana Martínez destacó que esta cuestión fue clave en las negociaciones.

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