Cristina Pérez, quien ocupa el cargo de delegada del Gobierno en Ceuta y fue vicepresidenta de la Asamblea, vuelve a ser foco de debate tras confirmarse que su pareja fue contratada por Tragsatec, una empresa pública vinculada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Según fuentes cercanas, esta contratación tuvo lugar durante el periodo en que el anterior delegado del Gobierno, también originario de Córdoba, Rafa García, estaba en el cargo. Esto ha intensificado las críticas en torno a un entramado de conexiones políticas y personales conocido como “el clan de los cordobeses”, grupo que habría establecido su influencia en diversas instituciones de la ciudad.
Distintas fuentes indican que la colocación de personas allegadas y afines era una práctica común entre algunos integrantes del Gobierno y del PSOE local mientras apoyaban al Ejecutivo. Esta dinámica, según voces críticas, podría haber generado una red de favores y contrataciones cuestionables, incrementando la percepción de amiguismo y clientelismo en la administración pública.
,Se precisa que tales conductas habrían ocurrido sin contar con la participación directa ni el conocimiento del presidente Juan Vivas ni de la dirección actual del PSOE en Ceuta. Ambos sectores mantendrían, conforme a las fuentes, una postura de distancia institucional y un compromiso con la transparencia en la gestión pública.
La incorporación de la pareja de Cristina Pérez a Tragsatec ha provocado inquietud tanto en ámbitos políticos como sociales, debido a dudas sobre la transparencia y objetividad del proceso de selección. Aunque no hay evidencias de que la delegada haya intervenido directamente, la convergencia de intereses y el contexto en que se produjo la contratación suscitan sospechas de nepotismo y favoritismo.
Este caso tiene especial importancia al involucrar a una figura institucional que debe velar por la ética y ejemplaridad en la administración pública. La ciudadanía de Ceuta reclama claridad: ¿se siguió un proceso de selección imparcial? ¿Influyó la relación entre la actual delegada y el anterior delegado en esta decisión?
En un entorno donde las relaciones personales y políticas a menudo se entrecruzan, el fenómeno del “clan de los cordobeses” pone de manifiesto la urgencia de fortalecer los controles y la rendición de cuentas en las instituciones locales.
Más allá del caso puntual, este episodio invita a reflexionar sobre la responsabilidad ético-moral de los funcionarios públicos. En un momento de creciente desconfianza hacia la política, la sociedad demanda gestión transparente, ética y coherente.
Cristina Pérez cuenta ahora con la oportunidad y el deber de explicar los detalles de esta contratación, demostrando que su posición no ha influido en decisiones que afectan al interés comunitario. Solo con aclaraciones firmes podrá despejar las dudas sobre nepotismo que podrían afectar la credibilidad del Gobierno en Ceuta.