Dos periodistas comparecieron este martes ante el Tribunal Supremo para confirmar que tenían conocimiento sobre la confesión de dos delitos fiscales atribuidos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, antes de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, iniciara una búsqueda sobre esa información.
Los testigos son Miguel Ángel Campos y José Manuel Romero-Salazar Pérez Cejuela, este último exsubdirector del diario El País, ambos declarando en el juicio que se sigue contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos.
Los periodistas afirman que su fuente no fue el fiscal general
Campos detalló que tuvo acceso al correo electrónico enviado por el abogado de González Amador, en el que se admitían los delitos fiscales y se proponía un acuerdo con la Fiscalía, alrededor de las 15:34 horas del 13 de marzo de 2024, pero no lo divulgó hasta la noche debido a que su fuente no le había dado permiso para ello.
El periodista enfatizó que no recibió la información filtrada de García Ortiz y que incluso intentó comunicarse con el fiscal general sin éxito: “Llamé para confirmar los datos, pero me atendió el buzón y no volvió a llamar”, declaró.
Por otro lado, Romero-Salazar manifestó que accidentalmente tuvo acceso a los datos el 12 de febrero de 2024, casi un mes antes, obteniéndolos de una fuente “muy fiable dentro de la Comunidad de Madrid”. Según su declaración, “ya conocíamos estos hechos mucho antes de que el fiscal general comenzara a investigarlos”.
El exsubdirector de El País también confirmó que su informante no fue García Ortiz y que trató de corroborar la información por otras fuentes, “siguiendo los protocolos del periódico”.
El decano del Colegio de Abogados de Madrid califica de «insólita» la nota de la Fiscalía
En la misma audiencia testificó Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), quien describió como “insólita” la comunicación pública difundida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, en la cual se revelaba literalmente el contenido del correo que envió el abogado de González Amador.
Ribón explicó que el ICAM decidió personarse como acusación popular porque consideraron que la divulgación representó una “vulneración de la confidencialidad existente entre abogado y fiscal durante las negociaciones”. La institución reclama para García Ortiz cuatro años de cárcel, tres años de suspensión para desempeñar cargos públicos y una multa de 81.000 euros.
El fiscal delegado de Protección de Datos justifica la eliminación de datos en el móvil de García Ortiz
También prestó declaración Agustín Hidalgo de Murillo, fiscal delegado de Protección de Datos, que defendió que García Ortiz tenía la facultad de borrar información de sus dispositivos, al ser responsable de su contenido. Rechazó que la nota de prensa hubiese supuesto una brecha de seguridad y afirmó que fue una “decisión consciente y autorizada”.
Un proceso judicial sin precedentes contra el fiscal general del Estado
El procedimiento judicial, iniciado el 3 de noviembre, ha llevado a que Álvaro García Ortiz sea el primer fiscal general del Estado que se sienta en el banquillo de los acusados.
Se enfrenta a entre cuatro y seis años de prisión, una inhabilitación de 12 años y una multa superior a 400.000 euros por presuntamente filtrar a la Cadena SER el correo electrónico, fechado el 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de González Amador en el que se reconocían dos delitos fiscales.
Este miércoles testificarán los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realizaron el registro en los despachos de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez. El propio García Ortiz clausurará la ronda de testimonios antes de los informes finales, que se esperan para el 13 de noviembre, tras lo cual el tribunal resolverá el caso.
