La Guardia Civil realizó una operación significativa en Burgohondo, un municipio situado a unos 35 kilómetros al sureste de Ávila, donde se hallaron 472 animales exóticos protegidos en un refugio falso. Esta intervención permitió desvelar una organización dedicada al tráfico ilícito de fauna valorada en aproximadamente 85.000 euros.
La investigación, denominada «Suartx», permitió identificar a cuatro personas presuntamente vinculadas a esta red criminal. Este caso pone de relieve la problemática que genera el comercio ilegal de especies exóticas, el cual representa un riesgo para la biodiversidad y los ecosistemas.
Entre los ejemplares incautados se encontraban tortugas de diferentes especies, iguanas, gecos y tarántulas, ninguno de ellos acompañado de la documentación legal que certifique su origen y trazabilidad. Esta situación evidencia la falta de control y regulación en la comercialización de estos animales en España.
Las pesquisas comenzaron en junio de 2023, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó irregularidades en la actividad del refugio mediante publicaciones en redes sociales que solicitaban donaciones y apoyo.
Se determinó que los implicados actuaban bajo la apariencia de una Organización No Gubernamental (ONG) supuestamente dedicada al cuidado de animales, aunque carecían de las licencias y autorizaciones correspondientes, lo que motivó su imputación.
Además de la posesión ilegal de animales, los investigados organizaban cursos y voluntariados a los que invitaban a personas no inscritas en la Seguridad Social, lo cual infringe la ley y expone a los participantes a posibles consecuencias legales y económicas.
Aunque los animales parecían estar en condiciones aceptables, se verificó que muchos habían sido donados de forma irregular y que aproximadamente 200 fallecieron antes de la intervención. Estos datos reflejan las precarias condiciones en las que se encontraban y la necesidad de acabar con estas prácticas ilegales.
Los animales procedían de cesiones irregulares provenientes de diversas provincias como Madrid, Badajoz, Ciudad Real, Valencia, Toledo, Huesca, Zaragoza y Sevilla, destacando la extensión del problema del tráfico ilegal de fauna en el territorio nacional.
La operación contó con la colaboración de funcionarios de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica, quienes trabajan conjuntamente para desarticular estas redes y proteger la biodiversidad.
Finalmente, el caso fue remitido a los Juzgados de Ávila y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente para evaluar las imputaciones contra los cuatro presuntos responsables por delitos relacionados con la fauna, estafa, falsificación documental, contrabando y organización criminal. Se requiere una respuesta adecuada para proteger a los animales y asegurar que estos delitos no queden sin castigo.
