El proceso persigue la revisión de la sentencia capital contra Kim Jae-gyu, ejecutado en 1980 por el asesinato del presidente autoritario. La familia del exjefe de inteligencia sostiene que actuó movido por patriotismo.
Tras más de cuarenta años desde su ejecución, el nombre de Kim Jae-gyu regresa a los tribunales surcoreanos. El antiguo director del servicio de inteligencia fue ahorcado en 1980 tras asesinar al presidente Park Chung-hee. En la actualidad, la justicia de Corea del Sur ha decidido reabrir su expediente, buscando analizar nuevamente un juicio marcado por denuncias de tortura y ausencia de garantías legales, aunque Kim ya no pueda defenderse en persona.
En la noche del 26 de octubre de 1979, Kim disparó contra el presidente durante una cena en la sede de la Agencia Central de Inteligencia Coreana (KCIA) en Seúl. También mató al jefe de seguridad de Park en ese mismo evento. Este suceso impactó profundamente a la nación, pues Kim fue durante muchos años un colaborador cercano del mandatario, incluso actuando como su escolta personal.
El país quedó dividido ante estos hechos: mientras algunos consideraban a Park un dictador que había tomado el poder mediante un golpe militar en 1961 y gobernó con mano dura durante 17 años, otros lo percibían como un líder que impulsó el «milagro económico» surcoreano. La muerte de Park desencadenó un periodo de inestabilidad política, que culminó con otra dictadura bajo Chun Doo-hwan y, finalmente, la transición democrática en 1987.
La familia de Kim ha dedicado años a defender su memoria, argumentando que no debe ser visto como un traidor, sino como un patriota que actuó para liberar el país de una tiranía. A comienzos de este año, un tribunal en Seúl aceptó reabrir el caso al considerar que existen pruebas suficientes sobre las irregularidades en el juicio original de 1980.
Este miércoles dio comienzo el nuevo proceso en el Tribunal Superior de Seúl, con la presencia de algunos familiares de Kim y una opinión pública dividida. Los abogados de la familia buscan la anulación del cargo de insurrección, el más grave que motivó la ejecución de Kim.
“El juicio original fue una farsa. Los testigos fueron interrogados sin la presencia del equipo defensor y sus declaraciones no se admitieron como pruebas formales”, afirmó An Dong-il, abogado que participó en la defensa hace décadas.
El nuevo procedimiento judicial coincide con otro caso destacado: el del ex presidente Yoon Suk Yeol, acusado de traición tras declarar la ley marcial en diciembre de 2024. Para muchos, ambos procesos reflejan heridas aún abiertas en la historia democrática de Corea del Sur.
Las investigaciones recientes muestran que Kim fue torturado antes del juicio y que las condiciones legales del proceso fueron sistemáticamente violadas por la junta militar que entonces gobernaba. Ahora, la justicia surcoreana deberá decidir si rehabilita a este hombre, considerado por unos como el ejecutor de un tirano y por otros como un criminal que traicionó a su presidente.
