El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado al Senado que no podrá asistir a la comparecencia fijada para el 4 de diciembre ante la Comisión de Justicia. Esta decisión ha sido recibida con críticas por parte del Partido Popular, que acusa al fiscal de evitar dar explicaciones sobre su gestión.
En una carta dirigida a Yolanda Ibarrola, presidenta de la Mesa de la Comisión de Justicia, García Ortiz explicó que compromisos ya agendados le impiden asistir tanto el 4 como el 18 de diciembre, fechas que él mismo había propuesto previamente. Sin embargo, aseguró su absoluta disponibilidad para comparecer en el próximo período de sesiones para presentar la Memoria de 2023 sobre la actividad del Ministerio Fiscal.
El Partido Popular, por su parte, ha expresado su descontento, calificando al fiscal general como fiscal general a la fuga. Según fuentes del partido, García Ortiz está evitando rendir cuentas sobre sus escándalos y su imputación por un delito de revelación de secretos.
Los ‘populares’ critican que en la misiva no se detallen los compromisos que impiden la asistencia del fiscal y que no se propongan fechas alternativas. La Mesa de la Comisión de Justicia del Senado había acordado su comparecencia para informar sobre su gestión al frente de la Fiscalía General, a petición del PP, que es mayoritario en la Cámara.
El 20 de noviembre, casi un mes después de la solicitud inicial, García Ortiz ofreció dos fechas para su comparecencia: el 4 o el 18 de diciembre. Finalmente, la Mesa de la Comisión eligió la tarde del día 4. Sin embargo, la ausencia del fiscal ha intensificado las críticas del PP, que exige explicaciones sobre sus criterios de actuación, política de nombramientos y medidas para garantizar la independencia judicial.
Además, el contexto se complica con la citación del líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, como testigo en la causa contra García Ortiz. Este hecho añade más presión sobre el fiscal general, quien deberá enfrentar las acusaciones y esclarecer su posición en el próximo período de sesiones.
La situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública, temas que seguirán siendo objeto de debate en el ámbito político y judicial en España.
