El Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, otorgó contratos por un total de 2,2 millones de euros financiados con fondos europeos a entidades relacionadas con la supuesta red de corrupción que investiga la Guardia Civil. De acuerdo con información de El Confidencial, las firmas Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), conectadas con Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, recibieron adjudicaciones públicas durante la actual legislatura.
Una de las asignaciones más destacadas ocurrió el 14 de enero, cuando la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, concedió a una unión temporal de empresas integrada por Grulop 21 y OPR un contrato superior a los dos millones de euros para la construcción de una pasarela peatonal en la GR-30 (Granada). Esta acción forma parte del Plan de Recuperación financiado con fondos Next Generation. Aunque la oferta técnica propuesta por la empresa competidora, Vilor Infraestructuras, contaba con mejor valoración, la decisión final se basó en la propuesta económica de la UTE.
Lo relevante en este caso es que para entonces ya constaba en el Tribunal Supremo documentación proporcionada por el comisionista Víctor de Aldama, la cual vinculaba a OPR con el cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. Pese a ello, el ministro Puente minimizó la importancia de dichos documentos, calificándolos como “un papeluco”. Más tarde, la Unidad Central Operativa (UCO) corroboró buena parte de estas imputaciones en su investigación.
Otro contrato cuestionado fue la ampliación, por casi 290.000 euros, de un acuerdo previamente otorgado a Levantina Ingeniería y Construcción —en asociación con Diez y Compañía— para la mitigación del ruido en la autovía A-42 a su paso por Getafe. Esta modificación, aprobada el 19 de diciembre de 2024, elevó el presupuesto total a casi dos millones de euros, también con aportes de fondos europeos.
Las conexiones entre estas empresas y los principales investigados son múltiples. OPR, liderada por los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, mantenía lazos directos con Koldo García al menos desde 2018. Intercepciones telefónicas indican que Daniel Fernández solicitó la intermediación de Koldo para asegurar contratos y facilitó que la esposa de este último fuera contratada en una empresa sin que tuviera que cumplir con su jornada laboral habitual.
Una tercera obra bajo investigación, valorizada en 7,3 millones y adjudicada en Asturias, generó expectativas positivas entre los involucrados. En un chat interno, la entonces subdirectora general de Construcción, Camino Arce, escribió: “Parece que hemos hecho bingo en Asturias”. Actualmente, Arce labora en la empresa pública SEITT.
En cuanto a Levantina Ingeniería y Construcción, aparece reiteradamente en los informes de la UCO y en los documentos entregados por Aldama al Supremo. Su propietario, José Ruz, mantenía contacto directo con Ábalos y Koldo, a quien supuestamente pagaba 1.100 euros mensuales. Las investigaciones señalan que esta empresa obtuvo contratos por un valor de 128 millones de euros durante la administración de Ábalos, incluyendo uno vinculado al Club de Natación de Sevilla, del que Aldama habría recibido una comisión. LIC también figura como adjudicataria del Gobierno canario presidido por Ángel Víctor Torres.
El proceso de investigación continúa abierto y podría extender su alcance dentro de la administración central, mientras la UCO centra actualmente su atención en la gestión de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes.
