El Gobierno de Ceuta ha emitido un nuevo y urgente llamado al Ejecutivo central tras la llegada en las últimas horas de 54 menores marroquíes no acompañados que ingresaron de manera irregular a la ciudad autónoma. La mayoría cruzó a nado el espigón del Tarajal, aumentando la presión sobre un sistema de protección que ya funciona al límite: actualmente, la ciudad custodia a 460 menores, pese a contar con solo 132 plazas.
La situación se ha agravado coincidiendo con el inicio de la temporada alta del verano, cuando se intensifican los intentos ilegales de entrada realizados por adolescentes provenientes de Tetuán, Tánger y otras localidades del norte de Marruecos. El viernes por la tarde, las fuerzas marroquíes impidieron la salida al mar de al menos 168 personas, aunque numerosos menores lograron evadir el control y alcanzar las costas ceutíes.
La Consejería de Presidencia y Gobernación desplegó agentes de la Policía Local para localizar a los menores que no fueron interceptados por la Guardia Civil. Varios de ellos fueron hallados cerca del antiguo polígono industrial del Tarajal y alojados en centros de acogida temporal. Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene activo un operativo en la costa, con el apoyo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y la colaboración de la Gendarmería Real marroquí.
Desde el Ejecutivo que preside Juan Vivas (PP), la demanda es clara: “Es imprescindible una respuesta estructural por parte del Estado. No podemos continuar solos ante esta presión.” El presidente ceutí advierte que si el ritmo de llegadas persiste, el plan de redistribución aprobado por el Consejo de Ministros —que contempla el traslado de 4.400 menores desde Ceuta y Canarias y que está previsto para iniciar el 28 de agosto— resultará insuficiente.
A esta presión migratoria se suma la próxima celebración de la Feria de Ceuta, que cada año activa el dispositivo “Operación Feriante”, destinado a evitar intentos de salida clandestina de menores ocultos en vehículos con destino a la península.
Actualmente, Ceuta cuenta con varios dispositivos extraordinarios para alojar a los menores no acompañados, además de su infraestructura habitual. El centro de referencia, “La Esperanza”, gestionado por la Fundación SAMU, ha incrementado su capacidad, pero sigue siendo insuficiente. Por este motivo, se mantienen en funcionamiento módulos de emergencia en Piniers y en antiguas naves del polígono del Tarajal, y se avanza en la rehabilitación de la antigua prisión de Los Rosales, que se abrirá como nuevo centro de acogida en 2026.
El Gobierno local insiste en que el fenómeno migratorio en la frontera sur supone desafíos que sobrepasan las competencias autonómicas. “Si no hay una implicación de todas las comunidades autónomas, esta situación continuará siendo una carga insostenible para Ceuta y Canarias”, advirtió Vivas, en sintonía con las críticas del presidente canario, Fernando Clavijo, quien calificó como “insolidaria e ilegal” la negativa de varias regiones a participar.
Ambos gobiernos denuncian que algunas administraciones autonómicas están utilizando la situación como una herramienta de presión política. Advierten que la falta de colaboración podría ocasionar el colapso del sistema de protección para menores migrantes en España.
