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Caso mascarillas en Almería: alcalde y su hijo arrestados por llevar 120.000 euros en una funda de almohada

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha procedido a la detención de varios altos cargos de la Diputación Provincial de Almería y empresarios relacionados con el Partido Popular, en el contexto de la investigación sobre los contratos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Entre los detenidos figuran el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; el vicepresidente, Fernando Giménez; así como el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y su hijo, Óscar Liria, quien fue vicepresidente de la institución.

De acuerdo con las diligencias judiciales a las que tuvo acceso la Cadena SER, Rodrigo Sánchez fue sorprendido transportando en efectivo la cantidad de 119.950 euros ocultos dentro de una funda de almohada, los cuales fueron colocados posteriormente en el maletero de un vehículo. La Guardia Civil detuvo a su hijo tras interceptar el automóvil con el dinero. En inspecciones previas en el domicilio de un familiar próximo, se encontraron otros 26.000 euros en efectivo distribuidos en sobres.

El caso incluye además mensajes de WhatsApp entre la dirección del PP en Almería y empresarios vinculados a Óscar Liria, donde se discutía la adjudicación de contratos para mascarillas por dos millones de euros a la empresa Azor Ibérica, dedicada al sector del mármol y sin experiencia en productos sanitarios. Los mensajes evidencian la planificación de la compra, la negociación de comisiones y el blanqueo de beneficios a través de empresas en el extranjero y la adquisición de vehículos de lujo.

La investigación contempla la posible comisión de delitos como cohecho, prevaricación, malversación, fraude en la contratación y blanqueo de capitales, además de indicios de relaciones con una organización criminal vinculada al narcotráfico. Según los informes de la UCO, las adjudicaciones se realizaron con precios superiores a los inicialmente acordados y parte de las ganancias se canalizaron mediante sociedades interpuestas para ocultar su procedencia.

El procedimiento, iniciado en 2021, continúa bajo secreto de sumario para preservar la investigación dada la gravedad de las sospechas detectadas por la UCO.

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