Las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso acerca del registro de médicos objetores han generado nuevamente tensiones dentro del Partido Popular, complicando los esfuerzos de Alberto Núñez Feijóo por unificar al partido en torno al tema del aborto.
La presidenta de la Comunidad de Madrid manifestó su oposición a la iniciativa de crear un registro de profesionales sanitarios que rechazan realizar interrupciones voluntarias del embarazo, previsto en la ley promovida por el Gobierno central. Esta postura se distancia de la línea más conciliadora adoptada por la dirección nacional del PP, que intenta evitar nuevos conflictos en un asunto especialmente delicado.
Ante estas críticas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez respondió difundiendo datos que reflejan las diferencias entre comunidades autónomas. Según fuentes del Ministerio de Sanidad, en territorios como Madrid o Andalucía menos del 1% de los abortos tienen lugar en la sanidad pública, mientras que en Cataluña superan el 55%, y en otras regiones alcanzan el 75%.
El Gobierno sostiene que estas cifras ponen de manifiesto la desigualdad territorial en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, así como la necesidad de fortalecer la red pública para asegurar este derecho en condiciones equitativas.
El debate continúa abierto y vuelve a posicionar al PP en una situación compleja, con líderes regionales adoptando posturas diversas sobre un asunto que sigue generando división tanto en la sociedad como en el partido.